El Observatorio contra la Violencia Machista y de Género ha propuesto hoy ampliar el concepto de violencia machista a la ejercida no solo en el ámbito de la pareja, sino a otras como el acoso o la explotación sexual, la mutilación genital, los matrimonios forzosos o el «sexting».
Así consta en la «Guía de criterios para la aplicación de la Ley Integral», que hoy se ha presentado durante el VI Congreso del Observatorio, en la que advierte además de que no deben equipararse las denuncias falsas con el alto número de absoluciones y archivos, consecuencia muchas veces de la dificultad de demostrar los hechos.
Rechaza de esta forma la idea de que muchas de las denuncias presentadas son falsas u obedecen a una estrategia procesal, una idea que «banaliza peligrosamente esta forma de delincuencia, cuestionando el derecho de las mujeres a obtener la tutela judicial efectiva».
El documento plantea la necesidad de que la Ley Integral, aprobada hace doce años, recoja como formas de violencia contra la mujer otros delitos como traficar o favorecer la inmigración clandestina para la explotación sexual, el aborto y esterilizaciones forzosos o la obligación de someterse a actos de carácter sexual.
Con esta «Guía», que ha sido presentada en el Senado por la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, junto a magistrados miembros del grupo de expertos en esta materia en el CGPJ, la institución pretende unificar la forma en que los juzgados tratan y protegen a las víctimas para que sea igual en todo el territorio.
Se hace eco así de las últimas reformas legislativas, incluyendo los nuevos tipos penales como son también el acoso, el «sexting» o sexteo (envío de texto o imágenes de contenido sexual a través de dispositivos electrónicos o del teléfono móvil), los matrimonios forzados, la mutilación genital o la violencia económica derivada del impago de pensiones.
De hecho, Carmona ha insistido en declaraciones a los medios en la necesidad de alcanzar de forma urgente un pacto de Estado para erradicar de una vez por todas la violencia de género, que debe ir más allá de la que sufre la mujer por parte de su pareja o expareja.
«La violencia que se ejerce sobre la mujer por el simple hecho de ser mujer también debe ser considerado violencia de género y tener un tratamiento diferenciado», ha subrayado la vocal del órgano de gobierno de los jueces.
El manual plantea, asimismo, el deber de informar a la mujer sobre las prestaciones que le corresponden en su condición de víctima del delito, pero también fuera del proceso penal, para lo que enumera un catálogo de los derechos que les reconoce la ley que regula el estatuto de las víctimas.
De acuerdo con esta ley, que establece que los hijos menores de las víctimas tienen derecho a medidas de asistencia y protección, el Observatorio recuerda que el juez puede incluso pronunciarse de oficio sobre otras de carácter civil como la custodia o el régimen de visitas.
Además, y según lo fijado por el Tribunal Supremo, sugiere que, aunque la víctima consienta el acercamiento o la reanudación de la convivencia con su agresor, ello no puede actuar como un atenuante en la condena a imponer.
Por último, expone una serie de consejos sobre cómo tratar a las denunciantes, evitando en todo momento hacerlas sentirse culpables de su situación, prolongar su declaración o limitarse a preguntarle por el último episodio de violencia vivido.
EFE