El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Alberto Moya, avisa al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de que los agentes saldrán a la calle en una primavera «caliente» si no se avanza en sus derechos, como en la aplicación de la jornada laboral y los turnos de trabajo.
«Y no es un farol», enfatiza a Efe el responsable de la asociación mayoritaria del Instituto Armado, quien aprovecha para pedir al nuevo titular de Interior que haga oídos sordos a los «ruidos de sable» que se escuchan entre los generales para que se ponga a un militar al frente de la Dirección General del cuerpo en sustitución de Arsenio Fernández de Mesa.
No es ese el perfil que prefiere la AUGC, porque según Moya la mejor opción para el relevo sería un gestor político con «coraje, valentía y personalidad para imponerse a los mandos operativos».
Frente al actual director, que para Moya «ha dejado poco a poco la gestión y la responsabilidad en manos de la cúpula militar del cuerpo», la AUGC propone a una persona que sea dialogante y con experiencia en la negociación y relación con los trabajadores, que «a fin de cuentas es lo que son los guardias civiles».
Quien finalmente llegue a la Dirección General deberá saber, subraya Moya, que hay un conflicto «larvado que va a estallar». Y lo hará, según concreta, si no se aplican de forma inmediata los turnos de trabajo y la jornada laboral, que se viene negociando desde 2009 y que, una vez aprobados, está sufriendo continuos retrasos en su ejecución.
Para el responsable de la AUGC, esta es una de las «patatas calientes» que deberá tener en cuenta el equipo de Interior en esta nueva legislatura, porque la Guardia Civil «sigue siendo el único cuerpo de la administración del Estado que no tiene un régimen de turnos establecidos y en el que la conciliación de la vida laboral y profesional es imposible».
Además de esta reivindicación, el secretario general de la AUGC, reelegido hace dos semanas en el VII Congreso de la asociación, quiere abundar en otras peticiones que se pusieron sobre la mesa en ese cónclave, donde, tal y como recuerda, «se escenificaron las circunstancias de discriminación» de los guardias frente a otras policías.
Lejos de reducirse esas diferencias, la AUGC asevera que la «brecha» se ha ido agrandando con recortes en derechos como el de manifestación, con la aplicación a los agentes del Código Penal Militar, con una ley de derechos y deberes restrictiva en ciertos aspectos o con deficiencias en la prevención de riesgos laborales, según enumera Moya.
Con una «alta tasa» de suicidios, un «importante» grado de absentismo laboral entre las mujeres agentes y una «falta de transparencia» porque, entre otras cosas, las asociaciones profesionales «no están representadas» en algunos órganos del cuerpo, la Guardia Civil necesita «avanzar» en la consecución de sus derechos, resalta.
Sin olvidar, dice el secretario general de la AUGC, las diferencias salariales con otras fuerzas de seguridad, sobre todo las autonómicas. Pero quiere ser «realista y compresivo» con la situación económica del país y reconoce que los sueldos no se pueden equiparar de una vez.
No obstante, Moya aboga por ir dando pasos poco a poco e ir implementando partidas en los Presupuestos Generales del Estado para llegar en varios ejercicios a la equiparación salarial.
«Un buen gesto» del nuevo ministro, a juicio de Moya, que ve en la configuración actual del Parlamento una oportunidad para que los grupos acuerden y promuevan los «cambios que necesita» la Guardia Civil.
Efe