La Ertzaintza ha detenido a cinco personas más supuestamente vinculadas con la presunta trama de prostitución de menores en la que están implicados varios jóvenes acogidos en un centro de la Diputación de Álava, según ha informado la radiotelevisión pública vasca.
Entre los detenidos hay clientes de la supuesta red de prostitución, en la que hay implicados al menos cinco jóvenes de entre 14 y 17 años acogidos en el centro de Sansoheta de Vitoria, dependiente de la Diputación alavesa.
Estos arrestados se suman al psicólogo detenido el pasado 4 de noviembre por esta causa y que se encuentra en prisión preventiva tras declarar ante el juez que ordenó su ingreso en prisión por abusos sexuales.
Según ha informado EITB, a los cinco detenidos por la Ertzaintza se le está tomando declaración y se desconoce si entre ellos está el monitor del centro de menores que fue apartado de su trabajo.
Desde el Departamento de Seguridad no han confirmado ni desmentido estas informaciones y se han limitado a insistir en que el juzgado de instrucción 2 de Vitoria que investiga estos hechos ha decretado el secreto de sumario.
La Asociación Clara Campoamor se ha personado esta mañana como acusación popular en esta causa, según ha informado a Efe este organización, que ha incidido en que cuando se levante el secreto de sumario hará hincapié en la necesidad de que la investigación se dirija también a descubrir la identidad de los clientes que son «los verdaderos delincuentes».
La Ertzaintza comenzó a investigar esta presunta trama después de que el pasado 6 de octubre la Diputación alavesa interpusiera denuncia al conocer que en una tutoría en Sansoheta una menor había contado que desde hacía un tiempo ejercía la prostitución fuera del centro.
El diputado general de Álava, Ramiro González, ha revelado hoy que el pasado mes de abril se había presentado ya una denuncia sobre la posible participación en «actividades de prostitución» de un menor acogido en este centro y que éste era conocida por la Policía Local de Vitoria, la Ertzaintza, la Fiscalía y la autoridad judicial.
Sin embargo esta primera denuncia no prosperó porque no se pudieron comprobar las sospechas, según ha explicado González, quien ha asegurado que la entidad foral activó un protocolo con el menor que fue «tremendamente complicado» de seguir por sus continuas ausencias del centro.
Esta primera denuncia de abril, que sí conocieron los técnicos del instituto foral, no fue puesta en conocimiento de la diputada foral de Servicios Sociales de Álava, Beatriz Artolazabal, hasta el pasado octubre.
EFE