El Gobierno de Mariano Rajoy se niega a perder ninguna guerra. Y menos aún la educativa. La pasada legislatura fue la primera vez que el PP logró poner en marcha una Ley Educativa propia. Lo hizo a espaldas de la oposición y de la comunidad educativa. Pero hoy sólo está dispuesto a sacar adelante un Pacto Nacional por la Educación. Por el momento, el gobierno advierte de que la ley «ni se derogará, ni se paralizará».
Esta semana, la oposición al completo, que alcanza la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, aprobó con los únicos votos en contra del PP admitir a trámite la proposición de ley presentada por el grupo socialista para “suspender el calendario de implantación de la LOMCE”, dando así el primer paso para tumbar la ley de educación creada por José Ignacio Wert.
Pero es evidente que el Gobierno no tiene intención de dejarse ganar este pulso. El ministro de Educación y portavoz gubernamental, Íñigo Méndez de Vigo, que ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para insistir en que esta nueva legislatura tendrá que ser la del «diálogo y el consenso», ha anunciado la intención del Gobierno de pedir a la Mesa del Congreso que «revoque» la toma en consideración de la proposición de ley socialista aprobada esta semana.
El Ejecutivo 'popular' acude a la Constitución para justificar esta decisión. En concreto, al artículo 134.6: «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación». «Nos avalan los dictámenes jurídicos«, ha insistido Méndez de Vigo. El mismo argumento que el Gobierno también utilizará para evitar la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, para garantizar las condiciones laborales de los subcontratados.
El Gobierno ha vuelto a insistir este viernes que está dispuesto a alcanzar un Pacto Nacional por la Educación con todo el arco parlamentario, pese a que reconoce su «dificultad». No obstante, el portavoz gubernamental ha advertido de que la toma en consideración de la última proposición no de ley «no es el camino más adecuado».
Novedades sobre las reválidas
En este sentido, el también ministro de Educación ha querido insistir en cuáles deben de ser a juicio del Ejecutivo las fases a seguir en esta materia, que ha asegurado, «es una de las prioridades de Rajoy en esta legislatura».
En primer lugar, ha recordado Méndez de Vigo, la Comisión de Educación creará una subcomisión donde se establezcan «las líneas generales del pacto», con un plazo de duración de seis meses, y a partir de la cual se presentará al gobierno un proyecto de ley.
En segundo lugar, el ministro de Educación ha recordado el Ejecutivo del PP que durante la primera semana de diciembre aprobará un decreto ley para suspender los efectos académicos de las reválidas. Aunque antes, el 28 de diciembre, se reunirá con las comunidades autónomas en una conferencia sectorial, puesto que serán estas administraciones las encargadas de poner esta medida en marcha.
Y respecto a las reválidas, Méndez de Vigo ha anunciado que los alumnos de Bachillerato sólo se tendrán que presentar a esta prueba, que aún no está claro cómo será, aunque será «similar» a la PAU, si quieren acceder a la universidad. Y sólo se examinarán de las asignaturas de segundo. Los alumnos de cuarto de la ESO, por su parte, sí que se tendrán que examinar, aunque no todos, sino los de aquellos centros que decidan las comunidades autónomos, aunque no tendrá efectos académicos, sino un carácter «muestral». «Lo que no se evalúa, se devalúa», ha advertido Méndez de Vigo, que ha asegurado que éste es el «primer paso del Gobierno hacia un Pacto Nacional por la Educación».
Elsa S. Vejo