Mañana por la mañana, las empresas eléctricas cortarán el suministro de luz a más de 1.500 hogares. Rosa, anciana de 81 años, viviendo en Reus, fue una de los afectadas. El fuego de unas velas con las que sustituía sus bombillas incendió su casa y acabó con su vida: la empresa y las instituciones se reprochan mutuamente su responsabilidad. las eléctricas remiten a los servicios sociales el problema. Las instituciones, pérdidas en burocracia, protocolos y recortes, no afrontan el problema.
Rosa no debió morir
Rosa era usuaria de los Servicios Sociales locales desde 2013. Se le había ayudado con recibos del agua, se conocía que no pagaba su alquiler. Sin duda, la empresa eléctrica tiene una evidente responsabilidad, y sin duda deberá ser sancionada.
Hay una clave fundamental en los servicios de bienestar: se han creado para que la detección de necesidades no dependa ni de empresas ni de intereses corporativos. La Generalitat y el Ayuntamiento ejercen las competencias en esta materia. Fallaron todos los protocolos y se expresaron los efectos de los recortes y la burocratización de los servicios sociales locales en Cataluña.
Una electricidad cara, suministrada en oligopolio y con opacidad
El INE anunciaba esta semana que los precios de la electricidad eran los responsables de que los costes de la vivienda hubieran crecido el mes pasado un 2,5%. La electricidad creció un 3,8%, siendo responsable de una buena parte de la recuperación de la inflación.
Eurostat ha publicado que, en 2015, el precio medio de la energía en Europa fue de 0,21 euros por kw hora; en España, de 0,23. Un 12% más caro. Eurostat ha recordado, también, que España es el cuarto país con los precios más caros: pagamos la electricidad igual que Alemania, solo por debajo de Rumanía y Portugal.
El precio de la energía se encarece por las prácticas de las empresas. EL regulador reconoce que el 44% de los usuarios no sabe que tipo de tarifa tiene contratada y el 25% ignora la potencia de la que dispone. Las compañías han colocado contratos a los usuarios por encima del precio regulado: el precio más barato en el mercado es el 6% más caro que el precio para pequeños consumidores. Se trata de una evidente consecuencia del oligopolio eléctrico: las tres principales empresas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural) controlan el 90 % del mercado.
Pobreza energética
Precios caros, prácticas empresariales y condiciones económicas de la crisis han creado amplias áreas sociales de pobreza energética. El INE señalaba, el pasado mes de Mayo, que el 11% de los hogares no pueden mantener en su casa la temperatura adecuada, el doble de lo que ocurría en 2008. En Cataluña este porcentaje alcanza el 9% de los hogares. La Asociación de Ciencias ambientales (ACA) autora de estudios pioneros en este campo, ha calculado que la pobreza energética podría estar detrás de 7.200 muertes prematuras al año.
Las compañías, aunque han establecido convenios con numerosos Ayuntamientos para proteger a usuarios vulnerables, no dejan de producir cortes de luz por impago. Iberdrola realizó 265.175 cortes de electricidad a clientes residenciales en España por falta de pago en 2015, Endesa 241.306 cortes y Gas Natural Fenosa llevó a cabo 147.291 en esos 12 meses. Es decir, una media de 1.700 cortes de luz al día, por impago. No se conocen cifras de este año; en la tarde del Viernes pasado, Estrella Digital intentó ponerse en contacto con GAs Natural para conocer datos relativos a este año, se nos contestó que era demasiado tarde.
Cuando el Tribunal Constitucional, tan sensible a esa circunstancia como las empresas, anuló la ley catalana que prohibía los cortes de luz, aseguró que “las leyes de los sector eléctrico y de hidrocarburos ya establecen la protección de las personas pobres a través del bono social, una ayuda financiada por las suministradoras.”
Cabe decir que el bono social no resuelve el problema. No supone el no pagar a quien no puede sino un 25% de descuento y una potencia que no permite salir de los estándares de pobreza energética. El 13% de los usuarios del bono social son pensionistas. Hay 2.4 millones de usuarios de bono social, menos de un 9% de contratos.
Por otro lado, el mes de octubre pasado, el Tribunal Supremo, también muy sensible, anulaba el bono social y la financiación por parte de las empresas como había impuesto una Ley de Rajoy. Para que nos hagamos una idea, las empresas habían ido a los tribunales para ahorrarse 200 millones de euros (coste del bono social); un 4,6 por ciento de los 4.326 que las tres grandes empresas ganaron en los nueve primeros meses de lo que va de año.
Politizar el dolor
Suena horrible pero es la consigna del momento. Al parecer, es la forma de ganar hegemonía según el manual de los politólogos de Somosaguas. La pobreza energética ha vuelto, como lo hace de vez en cuando, al debate político. El Señor Rufián y Podemos han mostrado su ira, soslayando que las instituciones en las que alguno de ellos participan tienen responsabilidad equivalente a las empresas. Los socialistas han recordado que la Ley catalana necesitaba de un reglamento no abordado.
Aunque parece que todo ha empezado con la nueva política, debe decirse que desde 2008 pueden rastrearse en parlamentos autonómicos y en el estatal propuestas para regular la respuesta a la pobreza energética que El PP, que durante toda la legislatura rechazó regular medidas contra la pobreza energética, sigue remitiendo el asunto a servicios sociales que carecen de recursos o de capacidad para intervenir ante las empresas.
Rosa y 7000 más han muerto prematuramente a causa de la pobreza. Hay cortes de luz que, a veces, matan.
Miguel de la Balsa