La Fiscalía ha pedido al juez que aparte al exdiputado del PP Alejandro Ballestero de la causa que investiga el cobro de trabajos presuntamente inexistentes por parte de los exparlamentarios populares Vicente Martínez Pujalte y Ana Torme, a través de la empresa Sirga XXI de la que eran socios.
Fuentes fiscales han informado de que el representante del Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa contra Ballestero, que figura como investigado en este procedimiento por pagos realizados a través de la empresa Mind Talent a la compañía de los exparlamentarios.
Lo hace al argumentar que los delitos que se le imputan por unos hechos anteriores a 2010 han prescrito al aplicarle el antiguo Código Penal, que es el que corresponde en este caso.
Ballestero estaba citado hoy como investigado para declarar ante el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, si bien finalmente no lo ha hecho porque, según ha informado el propio exdiputado, ha solicitado el archivo de la causa y la juez tiene que pronunciarse al respeto, tras recibir el informe favorable de la Fiscalía.
Quien sí ha declarado hoy como investigado ha sido el exasesor de José María Aznar, Jaime Miguel Marín, cuyo abogado se ha limitado a señalar tras su comparecencia que «todo ha ido muy bien, porque no hay nada contra él».
Asimismo, también ha comparecido como investigada María del Mar Benito, una de las administradoras de una empresa vinculada con la trama, aunque no ha trascendido nada de su declaración.
La Fiscalía de Valladolid abrió diligencias el pasado mayo contra Pujalte y Torme por presuntos delitos de falsedad documental y cohecho en el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, que decidió inhibirse en favor de los juzgados de Madrid al entender que los hechos ocurrieron en la capital de España.
El Ministerio Público inició la investigación tras una denuncia previa de la propia exdiputada del PP presentada el 15 de junio de 2015 contra Martínez Pujalte, al que acusa de haberla engañado.
Este último afirmó tras comparecer ante la juez el pasado 23 de noviembre que la causa en la que figura como investigado por los delitos de falsedad documental y cohecho «no tiene nada que ver con su gestión pública» sino que se trata de un asunto que se limita a un «una relación mercantil privada» .
Martínez Pujalte y Ana Torme compaginaban su labor parlamentaria con su dedicación a la empresa de consultoría Sirga XXI, constituida en octubre de 2008, de la que eran socios y a través de la que podrían haber cobrado por trabajos no realizados. Torme abandonó la empresa al venderle su participación en 2011.
Entre las empresas que habrían pagado estarían Construcciones Llorente SA (Collosa), cuyo vicepresidente Alejandro Llorente comparecerá el 11 de enero como investigado; Scardovi, administrada por el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna; Karistia, por Gustavo de Arístegui, y Mind Talent, por Alejandro Ballestero.
De hecho, Torme señala en su denuncia además a Gómez de la Serna, a De Arístegui y a Ballestero como pagadores a la empresa Sirga XXI Constructores, de la que era socia al 50 % junto a Pujalte.
Y acusa a Pujalte de ocultarle datos sobre las empresas que les pagaban y que pertenecían a algunos de sus amigos del PP. Es más, asegura que ella tenía el convencimiento de que se trataba de firmas regidas por empresarios y no por políticos.