Las organizaciones de la discapacidad han lamentado que el Tribunal Constitucional (TC) «haya ignorado los derechos» de este colectivo al no pronunciarse sobre los límites al voto electoral y han confiado en que con la reforma anunciada por el Gobierno de la ley electoral se eliminen las discriminaciones.
El Constitucional ha evitado pronunciarse sobre el tema al no haber admitido a trámite un recurso que presentó el fiscal para que estudiara la situación de una mujer gallega, que tiene reconocida una incapacidad intelectual, a quien el Supremo le había negado ese derecho y dictara de ese modo doctrina para futuros casos.
La ministra de Sanidad y Servicios Sociales se ha comprometido a promover una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) «para que la regla general sea reconocer el derecho de voto a las personas con discapacidad, regulando aquellas excepciones a este derecho en los supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de conocimiento de la persona».
En España hay casi 100.000 ciudadanos privados del derecho de sufragio debido a que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo por el que se les ha incapacitado judicialmente, lo que lleva consigo la imposibilidad de votar y ser elegidos en sufragios.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y Down España han ofrecido a la familia que acudió al TC «toda la asistencia y el acompañamiento jurídicos para recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos», según han explicado a Efe estas organizaciones.
El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha lamentado que el TC «ignore una vez más los derechos humanos de las personas con discapacidad».
«La experiencia del sector social de la discapacidad con este Tribunal es de permanente frustración y decepción, pues no ha asumido ni conoce ni practica la dimensión de derechos humanos con la que ha de abordarse la realidad de las personas con discapacidad».
En esta cuestión del derecho de voto, «el TC mantiene un enfoque antediluviano en la consideración de las personas con discapacidad, como seres débiles, frágiles e influenciables, sometidos a instancias ajenas a sí mismas, que no pueden ejercer sus derechos como cualquier otro miembro de la comunidad, y sanciona su privación», ha indicado Pérez Bueno.
Según Inés de Araoz, asesora jurídica de la Confederación española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, integrada en Plena Inclusión, «la jurisprudencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU sostiene que cualquier imposibilidad de voto basada en la existencia de una discapacidad, supondría una clara discriminación».
«Las excepciones a este derecho habrán de hacerse de forma neutral con la discapacidad, es decir, que no se basen en una situación de este tipo», asegura la jurista.
«Los estados partes deben reconocer y proteger la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida», incluida la vida política, que abarca el derecho de voto.
Plena Inclusión recuerda que el sector de la discapacidad «lleva tres años esperando esta reforma a la que el gobierno fue instado en 2013 por la Comisión Constitucional del Congreso».