La orden de alejamiento que pesaba sobre el presunto asesino de una mujer en Rivas lo calificaba de «bajo riesgo», a pesar de que la víctima le había denunciado y que el hombre tenía antecedentes.
Así lo han asegurado desde el Ayuntamiento de Rivas, que va a celebrar el 10 de enero una junta extraordinaria de seguridad a la que se invitará a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, para proponer que se analicen las 79 órdenes de alejamiento que hay en la localidad.
También se ha invitado a la jueza decana de Arganda -que es la misma que dirige el Juzgado de violencia de género que corresponde a Rivas y que lleva este caso- y a los responsables de Policía local y de asuntos sociales.
El consistorio ha tomado esta decisión después de que el pasado sábado falleciera apuñalada una vecina de Rivas de 40 años, sobre cuya pareja pesaba una orden de alejamiento desde noviembre de 2016 a raíz de una denuncia por malos tratos.
Esta mañana se ha celebrado un pleno extraordinario en el ayuntamiento en el que se han condenado estos hechos y en el que el consistorio ha anunciado que se va personar como acusación popular en este asesinato machista.
El consistorio ha mostrado su «preocupación» por las 79 órdenes de alejamiento existentes tras comprobar que el detenido, con antecedentes policiales y una orden de alejamiento de otra mujer, estaba calificado como «de bajo riesgo» por las autoridades policiales que analizaron su situación cuando se impuso la orden de alejamiento.
En este sentido, fuentes municipales han explicado que el consistorio quiere trabajar para que este tipo de sucesos «no vuelvan a pasar», por lo que se han propuesto analizar «si ha fallado» algún elemento de seguridad, con el propósito de proteger «eficazmente» a las mujeres.
Esta tarde a las 18 horas se celebrará en la plaza de la Constitución una concentración en protesta de este suceso, a la que asistirán representantes de todos los partidos con representación en la corporación.