Las prospecciones en el Mediterráneo siguen persiguiendo a José Manuel Soria nueve meses después de su dimisión (por su aparición en los 'Papeles de Panamá') y tres meses después de que arrancara la nueva legislatura y cambiara el titular del Ministerio de Energía. A mediados de diciembre, el Defensor del Pueblo aceptó a trámite una queja presentada por la Alianza Mar Blava en la que denuncia la “mala administración del antiguo Ministerio de Industria, Energía y Turismo”, dirigido por Soria, y la situación de indefensión generada, al no haber atendido “su derecho a ser reconocida como interesada” en los expedientes de los permisos de investigación de hidrocarburos “Nordeste”, en el golfo de León, y “Medusa”, en las costas de Tarragona.
Queja que ahora le tocará capear al nuevo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y su nuevo titular, Álvaro Nadal, que aún no se ha manifestado públicamente respecto a un asunto que ha provocado importantes incendios internos en el Partido Popular. Pero que no tardará en tener que hacerlo después de que la Proposición de Ley (PL) que previsiblemente se aprobará en los próximos meses en el parlamento balear, con el apoyo del PP regional, llegue al Congreso de los Diputados. En ese momento no tendrá escapatoria. El Gobierno y el PP tendrán que dilucidar un conflicto que llevan años arrastrando: sí o no a la búsqueda de hidrocarburos en aguas españolas.
Un conflicto que les ha causado más de un quebradero de cabeza. El último incluso ha sido apoyado por el Defensor del Pueblo. La Alianza Mar Blava, cuya misión es incrementar la protección del mar Mediterráneo, cree que Soria, y en concreto la Subdirección General de Hidrocarburos de la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) de la Secretaría de Estado de Energía, y la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo, han incurrido “en una mala administración”.
Actualmente, el Ministerio de Energía está tramitando solicitudes de 12 permisos de investigación de hidrocarburos (PIH) llamados “Nordeste 1” a “Nordeste 12”, solicitados por Cairn Energy en el golfo de León, así como del PIH “Medusa” solicitado por Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., CNWL Oil España, S.A., “Petroleum Oil & Gas España, S.A. y CEPSA E.P., España S.L. en la zona colindante por el sur con el área “Casablanca”, frente a las costas de Tarragona. “Todos estos permisos están actualmente pendientes de la decisión del ministerio para su adjudicación al mejor postor”, advierten los ecologistas.
Sin embargo, la situación de estos expedientes “es desconocida”. La Alianza denuncia que el Ministerio de Energía, actualmente en manos de Nadal, no ha aceptado “la solicitud de personación en estos expedientes ni de la Alianza Mar Blava ni del Govern balear”. Hasta el momento, y después de 9 meses de actuaciones, el Gobierno “aún no ha permitido su personación en el expediente, ni ha dado acceso a la información solicitada ni ha resuelto expresamente el recurso de alzada presentado por la Alianza contra la desestimación de su solicitud”.
Unidad de Quejas y Sugerencias de Energía
Los ecologistas también han presentado esta queja ante la Unidad de Quejas y Sugerencias del propio ministerio, que se supone que se creó en 2005 para mejorar los servicios públicos atendiendo a las demandas de los ciudadanos. “El procedimiento de Quejas y Sugerencias es de aplicación exclusivamente a las manifestaciones de insatisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados por el Ministerio”, se aclara en la web oficial del mismo.
Sin embargo, la Subdirección General de Hidrocarburos, para justificar su negativa, hace una interpretación “muy restrictiva” de la condición de interesado en los expedientes de solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos al limitarla sólo “a quienes realicen ofertas en competencia o formulen oposición como estrictos titulares de un derecho que pueda resultar perjudicado a resultas de la concesión del aludido permiso”. “Es decir, básicamente, circunscribiéndolo a las empresas del sector de los hidrocarburos”, advierten desde la Alianza.
De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya rechazó “esta interpretación restrictiva” en su sentencia de 18 de junio de 2008 (Nº Sentencia: 1236/2008) en el recurso Nº 296/2005 interpuesto por el Cabildo insular de Lanzarote.
Elsa S. Vejo