Tarde, muy tarde. En concreto, diez años después. Así es como llega el juicio por el ‘caso Guateque’ y que afectó al gobierno del por aquel entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. En el banquillo de los juzgados de la Audiencia Provincial de Madrid se sentarán un total de 34 acusados, entre funcionarios y empresarios, para los que el Ministerio Público solicita una pena conjunta de 250 años de prisión. A los imputados se les acusa de delitos de cohecho, delitos de continuados de falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Histórico, delitos de tráfico de influencias, delitos de prevaricación ambiental y delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios. Aunque en resumidas cuentas, lo que se va a juzgar a partir del próximo 10 de enero es la existencia de una presunta trama que sobornaba a trabajadores públicos del Ayuntamiento de Madrid a cambios de licencias para locales de ocio y comercio.
Han pasado diez años, pero la Justicia nunca olvida. Con el comienzo del nuevo año arranca el juicio que pretende esclarecer las causas y los culpables del mayor caso de corrupción de la historia del Ayuntamiento de Madrid. Aunque las investigaciones han permanecido abiertas desde el año 2007, el gran volumen de encausados y los retrasos acumulados por su primer responsable el juez, Santiago Torres, el cual fue multado con 1.000 euros por la Comisión Disciplinaria, han demorado un proceso que ahora se presenta como inminente.
El gran ausente de este macrojuicio es Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid durante el tiempo que supuestamente tuvieron lugar los hechos. Aunque el ex ministro de Justicia no es el único que se ha salvado de la ‘quema’. De hecho, si por algo destaca este ‘caso Guateque’ es por la no presencia en el banquillo de acusados de cargos políticos. El único que en algún momento llegó a estar imputado fue Luis Armada, ex gerente de Urbanismo en el Consistorio madrileño, entre 1997 y 2003, que fue encausado a raíz de la denuncia de un particular. Pero Santiago Torres, responsable por ese entonces del caso, decidió retirar la acusación tras no encontrar pruebas fundamentadas en la denuncia.
Urbanismo y Medio Ambiente, en el punto de mira
El epicentro de la trama se sitúa en tres distritos: Centro, Chamberí y San Blas, donde fueron detenidos una quincena de funcionarios por el supuesto cobro de ‘mordidas’ que oscilaban entre los 3.000 euros y los 18.000 euros a cambio de permisos urbanísticos. Las concejalías afectadas fueron la de Urbanismo y Medio Ambiente, que fueron donde se tramitaron y concedieron las supuestas licencias a cambio de suculentas partidas económicas. Preguntado entonces por el desconocimiento del Ayuntamiento de Madrid sobre estas prácticas, Gallardón afirmó que era “muy difícil controlarlo porque no es una decisión irregular, sino una dosificación de los tiempos”. El ex alcalde y ministro de Justicia llegó a aprobar incluso una comisión de investigación, pero esta se cerró al no haber consenso ni acuerdo en la lista de comparecientes.
Los inicios de la ‘operación guateque’, dirigida y encabezada por la Guardia Civil, tiene sus inicios en la denuncia de un empresario de la noche, que aseguró haber sido víctima de una extorsión a la hora de conseguir una licencia para su local. Más tarde, la declaración de del dueño de una tienda de animales de El Rastro de Madrid que afirmaba haber sido chantajeado con la cantidad de 72.000 euros para no cerrar su local activó definitivamente la investigación del Instituto Armado.
Las acusaciones y la atribución de todos los delitos que se les imputan a las 34 personas que se sentarán en el banquillo de los juzgados se fundamentan en varias grabaciones telefónicas de teléfonos intervenidos por la Guardia Civil, discos duros e información requisada durante los registros posteriores a la investigación.
Ceballos, cabecilla de la trama
La petición de cárcel más elevada, 31 años, recae sobre Eduardo Agustino Carrasco, que era administrador de “Augusto Proyectos e Instalaciones S.L”, una sociedad dedicada a promocionar, ejecutar y proyectar obras e instalaciones, a la que en 2003 el propietario de un bar de copas encargó un proyecto para transformar el local.
Dado que no era viable desde el punto de vista medioambiental le pidieron al promotor el abono de 150.000 euros «a funcionarios no identificados de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento como única forma de pasar el trámite medioambiental previo a la licencia». El dueño del bar se negó a pagar y se quedó sin licencia.
Para el cabecilla de la trama, Victoriano Ceballos, el fiscal reclama 14 años de prisión. Ceballos estuvo al frente de la División Municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente y se le acusa de cuatro delitos de cohecho, seis de negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental. Está previsto que debido al elevado número de imputado, pruebas e información el juicio se prolongue hasta el mes de mayo y que cuente con un total de 60 sesiones. Habrá Justicia diez años después.