El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el exasesor urbanístico del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca se enfrentan a una petición fiscal de siete años y medio de prisión cada uno por supuestas irregularidades urbanísticas a través de la firma de dos convenios con la sociedad Lorcrimar.
El juicio está previsto que se celebre hoy en la Audiencia Provincial de Málaga, según han informado a Efe fuentes judiciales, y en el banquillo de los acusados también se sentará un empresario como cooperador necesario.
Según el escrito acusatorio de la Fiscalía Anticorrupción, debido a dichos convenios hubo un perjuicio económico de 2,84 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella.
Juan Antonio Roca y Julián Muñoz están acusados de los delitos de malversación de caudales y prevaricación en este procedimiento judicial.
Anticorrupción mantiene que desde que el fallecido Jesús Gil ganó las elecciones en 1991 dejó de firmar documentos para no comprometerse en las ilegalidades que se sucederían, y los responsables municipales gestionaron el patrimonio público «en su propio beneficio y lucro personal».
Roca, desde Planeamiento 2000, era «el verdadero gestor del hecho en el Ayuntamiento en materia urbanística» y controló la práctica totalidad de los convenios que modificaban el planeamiento existente para incorporarlos a la revisión del PGOU de 1986, señala.
El fiscal mantiene que se rodeó de un equipo jurídico y técnico que elaboraba los documentos con el que negociaba arbitrariamente comprometiendo el patrimonio municipal.
Para Anticorrupción, Roca negoció en su propio interés con el suelo de Marbella y acordó la entrega de bienes municipales como pago de presuntas deudas en los convenios en los que se alteraban los parámetros existentes, favoreciendo a terceros o a sí mismo.
El control de Roca necesitaba el concurso y ratificación formal de sus decisiones pero, según el fiscal, no tuvo problemas ya que «compraba la voluntad de los concejales» con un sistema de pagos en metálico.
Todos los implicados creían tener la coartada y se sentían «impunes»: el alcalde, porque no firmaba nada y el alcalde accidental, que no sabía lo que firmaba o confiaba en la legalidad de lo que le ponían a la firma.
Por su parte, el gerente, que no tenía ni cargo ni título para gestionar las competencias, y los concejales, que firmaban ajenos a las ilegalidades porque ellos no entendían de urbanismo, indica.
Y los empresarios creían «que la entrega de dinero era necesaria para trabajar con los ayuntamientos, el de Marbella, y probablemente de la mayoría de municipios», pero dicho dinero les aseguraba altos porcentajes y márgenes de beneficio.