El presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, el exdirigente de CDC Francesc Sánchez y el exteniente alcalde de Barcelona Antoni Vives figuran entre los detenidos hoy por la Guardia Civil en la operación contra la financiación ilegal de Convergencia, han informado a fuentes de la investigación.
En la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número uno del Vendrell (Tarragona), se prevén cerca de veinte detenciones relacionadas con tres empresas de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. La investigación se centra en la licitación pública de contratos amañados con esas empresas, que como contraprestación realizaban donaciones a fundaciones satélite del partido catalán.
Se trata de las empresas Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals SA), en las que agentes de la Guardia Civil están practicando requerimientos de información, registros y detenciones.
Las investigaciones apuntan a que estas compañías adjudicaban obras públicas a otras empresas a cambio de una contraprestación, presuntamente el 3 por ciento, que llegaba a fundaciones satélite del partido catalán.
Fuentes de la investigación han indicado que, además de los cargos de CDC, la mayoría de los detenidos son empresarios. Los registros se están realizando en empresas, sedes mercantiles y despachos de abogados.
Todas las detenciones -cerca de 20- y registros se centran en las provincias de Barcelona, Lleida, Girona y Madrid.
Operación Pika
La operación Pika es continuación de las tres fases de la operación Petrum, desarrolladas por la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona y que investiga desde 2015 el presunto pago de comisiones del 3 por ciento a CDC a cambio de obra pública.
Con todo, el caso se remonta a hace una década cuando en 2005, durante un debate en el Parlamento catalán sobre el hundimiento del túnel del Metro en el barrio de El Carmel, el entonces presidente de la Generalitat Parqual Maragall (PSOE) le espetó al entonces líder de la oposición, Artur Mas (CiU): «Ustedes tienen un problema y se llama 3%».
Las palabras de Maragall no eran más que una velada acusación a que durante años de Gobierno de CiU las obras públicas se gravaban con tal porcentaje en forma de comisiones que servían para financiar la formación nacionalista.
Casi una década después, la operación Petrum y ahora la Pika son las últimas líneas de investigación abiertas sobre esas supuestas comisiones.
La operación tiene su origen en un presunto caso de corrupción investigado en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) a raíz de las denuncias presentadas en 2013 por la exconcejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) Montse Gasull.
PPC | EFE