Rufián había mostrado su rechazo al lema “España nos roba”. Efectivamente, lo que parece inacabable son los efectos del 3%. Una tercera operación dentro de las investigaciones contra la corrupción ha llevado a ser detenidas a dieciocho personas, empresarios de la construcción y dirigentes próximos a Artur Más.
Las reacciones de las fuerzas políticas que amparan el Referéndum no han sido idénticas. Solo desde la formación heredera de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) se mantiene el relato de que las operaciones judiciales, impulsadas por las fiscalías anticorrupción, están relacionadas con intentos de desprestigio al liderazgo del proceso independentista.
Tanto Esquerra como la CUP se han desvinculado del relato y amenazan con dejar aislada a CDC. Una ruptura de discurso que en el momento de aceleración que Pugdemont quiere imprimir al referéndum podría debilitar el denominado “procés”.
Por otro lado, los políticos catalanes preparaban acciones con motivo del juicio que, contra Artur Mas y otros dirigentes políticos catalanes, se celebrará este mes de febrero por el Referendum que se celebró el 9 de noviembre de 2014.
Nueva Investigación
Esta nueva investigación, operación Pika, forma parte de la operación Petrum contra la financiación ilegal que afecta a tres organismos públicos: Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Barcelona Infraestructuras Municipales SA (BIMSA), esta última dependiente del Ayuntamiento de Barcelona.
En suma, el Puerto y la Feria de Barcelona aparecen implicadas, junto a obras emblemáticas de la Ciudad, en la financiación ilegal de Convergencia, El entorno de Artur Más directamente implicado.
Los investigadores sospechan que los tres organismos realizaban licitaciones de contratos amañados con diferentes empresas y que los empresarios detenidos hacían donaciones a las fundaciones de CDC.
En el ámbito político, junto a Viloca, el tesorero de la formación, han sido detenidos Antoni Vives, Sixte Cambra y Francesc Sánchez. Los tres jugaban un papel determinante en la estructura política de Convergencia Democrática.
Viloca, el extesorero de nuevo
En anteriores registros de otras operaciones destinadas a perseguir la corrupción institucional, se han venido a confirmar el seguimiento que Viloca hacía de las adjudicaciones realizadas por las instituciones gobernadas por Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). El Tesorero de CiU y administrador de la Fundación CatDem llevaba un control exhaustivo de las licitaciones concedidas.
Andreu Viloca, ya estuvo en prisión provisional por su implicación en el 3 por ciento en el año 2015; Antoni Vives ha sido exteniente de alcalde de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona; el actual presidente del Puerto de Barcelona es Sixte Cambra, muy cercano a Artur Mas; Francesc Sánchez ha sido también estrecho colaborador y del ex presidente de la Generalitat, ejerciendo una importante función como asesor económico y jurídico de los convergentes.
Reacción nacionalista
El exalcalde de Barcelona, Xavier Trias ha declarado que “ la operación de la Guardia Civil tiene una clara intencionalidad política”. Ha resumido la reacción nacionalista a la nueva investigación a la que se considera una parte de las represalias del Gobierno español en relación con la convocatoria del Referéndum.
El exacalde ha subrayado que “es muy curioso” lo que le pasa a su partido, relacionando esta investigación con el juicio sobre la convocatoria del referéndum celebrado el 9 de Noviembre de 2014 y que será juzgado en los primeros días de este mes.
El presidente de CDC, Jacint Borràs, acusa al Gobierno central de lanzar una «operación programada» para «desprestigiar» al PDECat y desmotivar a los catalanes, de cara a la movilización por el juicio contra Artur Mas por el 9-N. Su hija, Meritxell Borràs, 'consellera' de Governació, también ha calificado de «operación mediática» la nueva tanda de detenciones de la Guardia Civil.
Por el contrario, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se ha mostrado favorable a la investigación municipal mientras señalaba, por boca del presidente de su grupo municipal en Barcelona, que el proceso de independencia es, también, “una lucha por la limpieza y contra la corrupción».
Por el contrario, desde las filas anticapitalistas se ha descartado que se trate de una represalia por el proceso independentista. Su portavoz en el Ayuntamiento ha señalado que la investigación la han provocado denuncias del pasado, entre las que se cuentan las de la propia CUP.
Miguel de la Balsa