Una sentencia de la Unión Europea, un Real Decreto y un colectivo privilegiado que se niega a perder sus derechos. Estos tres ingredientes han desembocado en una huelga de estibadores que podría llegar a generar pérdidas de hasta 50 millones de euros al día en la economía española. Así lo afirma José Luis Almazán, vicepresidente de la Plataforma de Inversores de Puertos Españoles, que asegura que es precisamente esta la baza que juegan los trabajadores «para tener estos privilegios». Sorprendentemente, la opinión pública se posiciona a favor de los estibadores a través de las redes sociales donde los trabajadores son tildados de héroes por defender sus derechos.
Por su parte, el Gobierno lo que pretende con este Real Decreto es liberalizar un sector que cuenta con un monopolio en toda regla y cumplir con la la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, que en su apartado 44 dice que la orden de liquidar el monopolio actual es compatible con el Convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Coordinadora de Trabajadores del Mar recuerda que el artículo número tres de ese convenio sostiene que deberán establecerse y llevarse registros para todas las categorías de trabajadores portuarios, “en la forma que determinan en la legislación o prácticas nacionales”, y que los trabajadores registrados “deberán tener la prioridad para el trabajo portuario”.
La compleja situación comenzó el 11 de diciembre con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictamina que la legislación española con respecto al sector de los estibadores era muy deficiente. Además detectó dos puntos que contravenían el artículo 49 del Tratado de Lisboa. De estos dos puntos, el más que más preocupaba a la Unión Europea es el que dictamina que en España todas las empresas estibadoras han de formar parte de una Sagep (sociedad de gestión de estibadores). O lo que es lo mismo, cualquier trabajador que quiera acceder a una bolsa de trabajo para la estiba ha de estar en este registro lo que limita y acota por tanto las posibilidades de libre contratación.
«La Ley Española obliga a que cualquier personal de la estiba, bien de relación laboral común o bien de relación laboral especial, ha de ser contratado a través de una Sagep», reconoce Ernesto Gómez de la Hera, estibador y miembros de CCOO. A pesar de admitir este pequeño monopolio, Gómez se defiende y afirma que esta situación se iba a arreglar a través del principio de acuerdo al que habían llegado los sindicatos y la patronal, antes de que el Gobierno Central anunciara el proyecto del Real Decreto, el pasado 2 de febrero.
Pero este principio de acuerdo del que habla el representante sindical se ha quedado en papel mojado, después de la intervención del Ejecutivo, aunque los sindicatos presumen de contar con el apoyo de muchas empresas. De hecho, casi 50 compañías de la estiba con concesiones en puertos se han sumado, también, a un documento de respaldo a la negociación que recoge algunas de sus reivindicaciones, principalmente la del registro profesional, que les permitiría mantener la exclusiva de los contratos aunque se liberalicen las empresas que puedan ofrecer mano de obra para cargar y descargar barcos. Las primeras en suscribir el texto fueron las terminales de Algeciras, APM y TTIA, la semana pasada, después se sumó la terminal BEST de Barcelona, que opera la multinacional china Hutchison. Y este lunes hicieron lo propio Acciona Trasmediterránea, Noatum Terminal Valencia, APM Valencia, Noatum Terminal Castellón o la Compañía Gaditana de Contenedores, entre otros.
Algunos sectores han denunciado estos apoyos pueden deberse a presiones de los propios trabajadores algo que niega completamente Gómez: «No hemos coaccionado a ninguna empresa y mucho menos hemos realizado paraos encubiertos como se ha afirmado el propio de la Serna». Lo que es una realidad es una recesión en la productividad de todos los puertos españoles desde que el 2 de febrero el Gobierno anunciara el proyecto del Real Decreto. «Es normal que un trabajador que no sabe si va a ser despedido no quiera realizar horas extras como sí lo hacía antes. Además, existe mucho nerviosismo entre la plantilla y eso ha significado un aumento en los accidentes laborales», se defiende el miembros de CCOO ante esta bajada en la productividad.
Al final, las consecuencias son múltiples y muy variadas dependiendo del escenario que produzca. Si al final el Real Decreto es aplicado, lo primero que tendrá lugar es una huelga de estibadores que podrá tener un coste de 50 millones euros al día, según José Luis Almazán, vicepresidente de la Plataforma de Inversores de Puertos Españoles. Además, también supondrá el despido escalonado de todos los estibadores en un plazo máximo de cuatro años. Esto supondría una regularización y liberalización de la contratación. Además, estos ceses supondrían un desembolso de 400 millones de euros de las arcas públicas. Un dato este último que podría suponer un cambio de tercio en el apoyo de la opinión pública.
Carlos Lospitao