Algunos miembros de la Dirección de Supervisión del Banco de España están recogiendo firmas de apoyo y solidaridad con los empleados del Banco que han renunciado a sus cargos, que van a ser llamados a declarar como investigados en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la salida de Bankia a Bolsa en 2011.
Pedro Comín, Mariano Herrera, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Arístegui han sido llamados a declarar como investigados (imputados). Se trata de la Dirección General y Dirección General Adjunta de Supervisión y del Director de la Dirección de Supervisión IV. Sus compañeros han alentado una recogida de firmas.
El Banco de España se ha visto obligado a desmentir su participación: “de ningún modo ni los Órganos Rectores del Banco ni la Alta Administración, cuya posición quedó expresada en el comunicado que la propia Comisión Ejecutiva hizo público ayer” ha promovido una recogida de firmas.
El Banco de España mantiene su criterio
La Comisión Ejecutiva del Banco acordó ayer, por unanimidad, “manifestar su plena confianza en todos los responsables del Banco de España a los que afecta el citado acuerdo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y confía plenamente en que las actuaciones a llevar a cabo por la Audiencia permitirán aclarar cuantas dudas existan sobre la actuación del Banco de España en el proceso de constitución y recapitalización de BFA-Bankia, considerando que se ajustó, en todo momento, al cumplimiento de la normativa, a la defensa de la estabilidad financiera y al interés general”.
La crisis alcanza a los economistas y supervisores
En todo el mundo, prácticamente desde el mismo momento de la quiebra de Lehman Brothers, el mundo de la economía empezó a reflexionar sobre la responsabilidad de los economistas y los gestores en la crisis. Ninguna de esas reflexiones, salvo los reductos de economía crítica muy minoritarios, ha llegado a España.
Si las Cajas entraban en crisis era por una irresponsable politización o si los supervisores hicieron la vista gorda, especialmente en la época de Salgado y Zapatero, era por no alarmar al mercado y buscar una solución gradual.
Esa frontera teórica y técnica ha estallado por los aires con el auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Un auto que incluye los indicios de criminalidad y que los que recogen firmas a favor de la solvencia de los imputados no han dudado en calificar de “populismo Judicial”
A río revuelto
La potencial responsabilidad de todo el equipo de Supervisión, junto la de Ordoñez y los reguladores de la Comisión de Valores, ha sido excelentemente recibida en todos los ámbitos del proceso.
Rato lo utilizará como argumento exculpatorio. Iberdrola, Melia y OHL lo utilizarán para defender una responsabilidad patrimonial por el quebranto de su inversión en la salida a bolsa.
Entre firmantes o no firmantes del Banco de España hay también notables dudas: se ha movido el escalafón y se ha abierto la época de los codazos, especialmente de quienes fueron apartados por Fernández Ordoñez.
La defensa corporativa, el papel de supervisores y economistas de élite en la crisis está en el centro de la reflexión. Todos ellos (no hay ellas) saben que la apertura de la investigación política es imparable y que deberán someterse al escrutinio menos garantista de todos: medios de comunicación y populismo.
Por eso las firmas. Quizá, ya que la élite económica se pasa al activismo, debamos esperar algún manifiesto o una concentración, ya puestos, imaginen una «marea de supervisores».