El amianto es una sustancia tóxica que ha puesto en riesgo la vida de miles de personas, tanto de quienes han tratado con esta de forma directa como de familiares de trabajadores que no han tenido contacto profesional con el producto. Este componente fue utilizado de forma masiva para procesos industriales en España durante los años 60,70 y 80 hasta la prohibición de su utilización y comercialización en el año 2001. Según la asociación de víctimas del amianto (AVIDA) hay estudios que han permitido hacer estimaciones tales como que entre el 2010 y el 2025 habrá 2.300 muertes por año entre la población expuesta hasta 1990.
Un producto barato y de excelentes cualidades para la industria que fue empleado en grandes cantidades en muchos sectores. A lo largo de los años el amianto se ha utilizado con fines muy diversos debido a sus propiedades de resistencia mecánica, a sustancias químicas, a la temperatura y al fuego. El naval es uno de los sectores más afectados en nuestro país por amianto, aunque también lo están muchos otros como el de la construcción, el del automóvil, además de la industria textil, la eléctrica y la química.
Muy nocivo para la salud
Este material puede separarse en fibras muy delgadas y debido a su pequeño tamaño pueden permanecer en el aire mucho tiempo y por lo tanto pueden respirarse. Al ser aspiradas pueden fácilmente penetrar en los tejidos del cuerpo y debido a su durabilidad pueden permanecer en el organismo durante muchos años. Estos procesos desembocan en el desarrollo de enfermedades incurables como el mesotelioma pleural (cáncer de pleura), asbestosis, placas pleurales, fibrosis pleural difusa y cáncer del tracto gastro-intestinal.
Rigurosos estudios comparativos demuestran que existe una relación entre las tasas de cáncer de pulmón y la cantidad de amianto importado y consumido por habitante y país. Los expertos de AVIDA gracias a estos estudios pudieron realizar las siguientes estimaciones: Hasta el 2010 se habrían producido unas 1.500 muertes anuales de personas expuestas al amianto entre 1960-1975. Del 2010 al 2025 esta tasa aumentará hasta 2.300 muertes por año entre la población expuesta hasta 1990. Del 2025 al 2040 empezará a decrecer situándose en 700 muertes por año entre la población expuesta a partir de los 90, sobre todo en los procesos de demolición y reparación de estructuras y edificios.
Problema a la hora de reconocer la enfermedad como profesional
Hay muchos casos en los que esta sustancia afecta a personas que no trabajan directamente con el amianto, una situación bastante habitual en los años 70 y 80 ya que había mujeres que no tenían contacto profesional con el amianto pero como lavaban la ropa de trabajo de su marido se han visto afectadas por este componente. Se estima que alrededor de un 20% de los casos aparecen en personas que no han tenido un contacto con este material en su lugar de trabajo pero que han podido desarrollar patalogías como resultado de una exposición involuntaria a la contaminación ambiental.
La cuestión es bastante amplia y los casos completamente heterogéneos, hay personas que pueden demostrar su vinculación con una empresa que existe a día de hoy, trabajadores que trabajaron con amianto pero ya no existe la empresa, trabajadores que no son consciente de que trabajaron con amianto pero sin embargo tienen algún cáncer que es específico de esta sustancia y familiares de trabajadores que se han visto afectados, una casuística bastante amplia que tienden a incrementar la problemática de que las enfermedades derivadas del amianto sean reconocidas como enfermedad profesional.
Iniciativa de un fondo de compensación para las víctimas
Representantes de todos los grupos de la Cámara de Gasteiz han acudido este miércoles al Congreso de los Diputados para presentar en el registro la proposición de ley que reclama al Estado la articulación de un fondo para compensar a todas aquellas personas que a lo largo de su vida laboral han estado en contacto con el amianto. Jon Aiartza, parlamentario del PNV, ha denunciado el injustificado retraso que lleva el Estado en la constitución de este fondo. “Desde hace 14 años esta sustancia está prohibida, pero han sido miles los trabajadores que durante décadas han estado expuestos al amianto. Ha llegado el momento de saldar la deuda y corregir esta injusticia”. Aiartza ha reclamado a Madrid que destine recursos propios “a un colectivo inocente que además de pagar con su salud, sufre un auténtico calvario en los tribunales”.
El representante nacionalista, en declaraciones a Estrella, ha informado que en una reunión que han tenido con posterioridad a la entrega de la propuesta de ley en el registro, todos los grupos del Congreso han trasladado su apoyo al trámite de esta cuestión, algo que para el parlamento vasco, según Aiartza, es “muy satisfactorio”. Aiartza ha recordado que no es éste el primer intento que realiza el legislativo vasco para que Madrid active este fondo. “En Mayo del pasado año aprobamos una iniciativa muy similar, pero la Mesa del Congreso rechazó su tramitación, alegando que su aceptación implicaba la modificación del capítulo de gastos presupuestarios. Ahora hemos corregido el texto para evitar este veto y ya sí nos han trasladado su intención de llevar a cabo la propuesta”.
La propuesta legislativa que los parlamentarios vascos han depositado en la mañana de este miércoles en el registro de la Cámara Baja tiene como modelo las políticas compensatorias desarrolladas en Francia en esta materia. “Una redacción completa y detallada con la que queremos evitar que las víctimas del amianto y sus familias sufran un doble castigo. Vamos tarde en comparación con lo hecho ya en países de nuestro entorno, pero no podemos permitirnos más retrasos. Tenemos una deuda con las víctimas del amianto y aunque tarde, este es el momento de saldarla”.
El fondo de compensación lo que hace es indemnizar de forma automática a la víctima y es el Estado el que se subroga en el lugar del trabajador afectado para reclamar a la empresa que en muchos casos ya ni existe o incluso son entidades que pertenecen al propio Estado como es el caso de los antiguos Astilleros. Actualmente en España las victimas tienen que recurrir a los tribunales que son del orden de hasta 8 o 10 años de duración con lo que muchas de los afectados no ven el final de ese procedimiento. Con la existencia de este fondo la victima ve compensada esa situación mucho antes y es el Estado quién lleva a cabo el procedimiento judicial contra las empresas.
Desde CCOO animan a las víctimas del amianto y otras enfermedades profesionales a demandar las indemnizaciones por daños y perjuicios y de recargo de prestaciones por la falta de medidas de seguridad que les corresponden. “Esto es necesario para forzar e implicar a las empresas en la mejora de las evaluaciones de riesgos y planes de prevención, especialmente con las sustancias cancerígenas y otros contaminantes que ocasionen enfermedades respiratorias” resaltan.
Beatriz Jiménez