La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid encara hoy la recta final del juicio a treinta acusados que se enfrentan a entre seis meses y 31 años de prisión por formar parte de hasta siete tramas de «tráfico de sobornos y favores» durante el mandato de Alberto Ruiz Gallardón, según la Fiscalía.
Pretendían así la agilización de expedientes urbanísticos, con la ayuda de funcionarios que utilizaban sus cargos técnicos como medio para lucrarse, percibiendo sobornos de empresas a cambio de otorgar un tratamiento «favorable» a los expedientes.
El juicio comenzó el pasado 11 de enero con la identificación de los encausados, que uno a uno dijeron su nombre ante el tribunal, y previsiblemente acabará con la misma imagen, ya que todos tienen la posibilidad de dirigir su última palabra a la Sala. Todos se han considerado inocentes.
Inicialmente había 34 acusados, pero dos fallecieron a lo largo de esta década de instrucción judicial y otros dos fueron apartados al haberse sobreseído el procedimiento contra ellos.
La trama se destapó en 2007 pero su instrucción se ralentizó debido al volumen de la investigación y al número de implicados, aunque también por la acción del primer instructor, Santiago Torres, quien fue multado con 1.000 euros por la Comisión Disciplinaria del CGPJ por «retraso injustificado» en la tramitación de esa causa.
Este es el motivo por el que la mayoría de las defensas han alegado que, si sus representados son condenados, algo que confían en que no sea así porque no se ha demostrado su culpabilidad, se aplique el atenuante de dilaciones indebidas.
Sin embargo el fiscal del caso, César Estirado, considera probado que los acusados desarrollaron una «táctica mafiosa» para lucrarse mediante la concesión de licencias urbanísticas irregulares, reflejando una «fotografía general de la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid en la década de los 2000».
Así lo explicó el fiscal recientemente al exponer sus conclusiones definitivas, después de que en marzo rebajase las penas que pidió inicialmente para cuatro de los acusados al aplicarles los atenuantes de confesión y reparación de daños.
El representante del Ministerio Público destaca el papel que tiene el supuesto cabecilla de la trama, Victoriano Ceballos, en la comisión de los delitos, motivo por el que se enfrenta a una pena de 14 años de prisión.
Subraya que Ceballos y su superior en el momento de los hechos, Joaquín Fernández de Castro -quien se enfrenta a 11 años y seis meses de prisión- discutían por teléfono acerca de cómo organizar los «golpes», en «una conversación digna de El Padrino».
Precisamente ayer la defensa de Fernández de Castro criticó que el fiscal dijera que su representado actuaba como el protagonista de «El Padrino» y apuntó que en todo caso las conversaciones intervenidas serían «de una película de humor» como Torrente o Mortadelo y Filemón.