S.C, un joven de Arganda del Rey, tras la oportuna autorización de la Comunidad Autónoma, vendió en 2016, su vivienda usada. Con una pérdida patrimonial de 12.000 euros. A pesar de ello, el Ayuntamiento le cobró 8.000 euros de “Plusvalia”. Este Impuesto (Incremento de Valor de Bienes de Naturaleza Urbana) es el segundo impuesto directo en importancia en el municipio: presupuesta cinco millones, el 15% de los impuestos directos del municipio, el 8% de sus ingresos no financieros.
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional esta circunstancia y lleva a Hacienda y a los Ayuntamientos a prepararse para una devolución de estas cantidades. En el caso de Arganda, dada la situación del mercado de la vivienda, es más que probable que toda vivienda usada se haya vendido con perdida de valor patrimonial, desde 2008. En este caso, estaríamos hablando de devoluciones próximas a los 40 millones, veinte si hablamos de los años no prescritos.
El TC, en su sentencia dice que “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”, es decir, en «aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”
Más de 12 mil millones a devolver
Desde que se inició la crisis – 2007 -, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) se han vendido en España 2.556.906 viviendas usadas que, a pesar de venderse en su mayoría con pérdida patrimonial, han generado más de 12 500 millones de plusvalías desde el inicio de la crisis.
El precio real de la vivienda se ha reducido en un 30% y la riqueza patrimonial del España se ha reducido en un 22%, según el Banco de España. Sin embargo, la recaudación del impuesto no ha dejado de aumentar. De hecho, es un 50% más que en 2007. Colocándose por encima de los dos mil seiscientos millones en 2015, y por encima de los dos mil desde 2013.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha solicitado una reunión reunión urgente con Montoro. La FEMP recuerda que el tributo en sí mismo no es ilegal. El Constitucional no prohíbe que los ayuntamientos recauden el impuesto cuando hay ganancia real.
Corresponde al Gobierno impulsar la reforma de la Ley de Haciendas Locales para que el Congreso apruebe la modificación del tributo. Esta es la razón por la que los Ayuntamientos culpan a Hacienda de haber cobrado indebidamente el tributo.
El Gobierno podría abordar el asunto en el contexto de la negociación del nuevo modelo de financiación local. El problema es la devolución de las reclamaciones que puedan realizarse desde este momento. Ciudadanos se ha dado prisa y ya ha exigido la devolución a los afectados de las plusvalías indebidamente cobradas en los periodos no prescritos, es decir los últimos cuatro años (unos 8.000 millones de euros), aunque existen dudas jurídicas de que las reclamaciones no puedan abordar los periodos prescritos.
Una alegría para los Fondos y la Banca
Pero no son, precisamente, los anteriores propietarios de vivienda individual los que se verán beneficiados especialmente. La gran alegría se la llevan los fondos de inversión y las entidades financieras, los operadores inmobiliarios más importantes de los últimos años.
La SAREB tenía en 2014 vivienda por valor de 11800 millones. Por su parte, los bancos han creado inmobiliarias propias para la gestión y venta de parte de sus activos. Este es el caso de las inmobiliarias Altamira (Banco Santander), ANIDA (BBVA), Servihabitat (CaixaBank), Haya Real Estate (Bankia) y Solvia (Banco Sabadell), entre otras.
Los activos de todas ellas van pasando a fondos de inversión o se han puesto en el mercado. Estas plataformas conocidas en el sector como «servicers», que aglutinan una buena parte de la oferta en circulación y de las transacciones. Su jugoso producto se cuenta por decenas de miles de casas de todo tipo repartidas por todo el país y que acaban de ver como el Tribunal Constitucional les exoneraba del impuesto.
Miguel de la Balsa