El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha llevado a la misma capital del Estado su desafío independentista y su inquebrantable voluntad de celebrar el referédum, previo diálogo con el Gobierno o no. “Esperaremos sus propuestas”, ha asegurado Puigdemont, pero si no se articula ninguna ha insistido en que llevarán a cabo “el compromiso del Gobierno democrático con su pueblo: celebraremos el referéndum”, ha dicho, con contundencia, al finalizar su discurso ante una abarrotada sala del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, a cuya alcaldesa ha alabado por permitirle hablar allí.
A continuación, ha marcado la hoja de ruta para después, mientras insistía en imprimir un barniz dialogante a su demanda. “Entonces, volveremos a intentar dialogar pero para implementar los resultados y contribuir al nuevo estado catalán”, una frase con la que ha cerrado su intervención en Madrid, que comenzado con la bandera de las conversaciones con el Gobierno para pactar las condiciones de la consulta pero ha ido adquiriendo un tono menos dialogante según avanzaba el discurso.
Puigdemont ha dicho en varias ocasiones que buscan que el referéndum “sea pactado con el estado español”, pero a la vez insistía en mantener sus formas y su fondo. “No vamos a renunciar al derecho de autodeterminación de nuestra comunidad política”, ha insistido. “El estado español no tiene tanto poder para impedir tanta democracia”, una ovacionada frase redonda con la que ha resumido el carácter de su intervención en esta tarde: las cosas se harán a la manera que proponen desde la Generalitat o no habrá otra fórmula de diálogo.
El mismo día en el que se ha conocido que los planes de la Generalitat pasan por declarar la independencia si el Ejecutivo impide la celebración de la consulta, el ‘president’ se sacude la culpa. Se niega a acudir al Congreso a explicar sus planes ya que, en otras ocasiones, han resultado ser “trampas”, como “Ibarretxe en 2005”, ha dicho sin pudor en una sala alquilada por el Ayuntamiento de Madrid, repleta de simpatizantes y diputados del Partido Demócrata Catalán, Esquerra Republicana o En Comú Podem.
“No cuenten con nosotros para ningún simulacro, ni ninguna maniobra de dilación, ni ninguna escenificación. Nada que les haga creer que renunciaremos a nuestro derecho de autodeterminación”, ha insistido Puigdemont ante la propuesta del Gobierno de defender sus planes ante el Congreso. El 'president' ha definido que “dialogar es sentarse en una mesa sin condiciones previas, ni reproches, sin amenazas ni subterfugios” y ha añadido que debería garantizarse la posibilidad de “dialogar sobre ello sin que nadie tenga que comparecer ante la justicia ni mandar a la Fiscalía investigar ideas”.
Ese ha sido otro de los caballos de batalla del ‘president’, que ha acusado al Gobierno de hacer política desde la Justicia. “Que las únicas decisiones políticas sean perseguir judicialmente a cargos electos [cita a todos los investigados por la consulta del 9N] es una irresponsabilidad y no acerca ningún acuerdo. En los juzgados no se hace política, ni se debería”, ha censurado.
Ataque a Rajoy por «irresponsable»
Además, ha acusado directamente a Mariano Rajoy de irresponsable por no hacer “nada serio, sincero y real”, después de recordar una cita del presidente sobre Cataluña, en la que el presidente del Gobierno aseguraba que era el reto “más grave que tiene planteado España en estos momentos”. “Carece de argumentos sólidos si una vez se reconoce el problema no se hace nada” para que el problema desaparezca sin hacer nada, ha criticado el ‘president’.
Pero el presidente del Gobierno no ha sido el único duramente criticado. Puigdemont ha aprovechado para asegurar que se ofrece una visión sesgada de la realidad catalana, a la que ha descrito como “felizmente discrepante”. “Es un ejemplo de sociedad abierta con discrepancias y diferencias que se ha puesto de acuerdo en aceptar el resultado de las urnas”, ha dicho.
Pero ha ido más allá, en un intento de ‘postverdad’ al más puro estilo Trump, ha lanzado la idea de que no se cuenta la verdad sobre Cataluña con lo que ha llamado “ingeniería creativa”. “El proceso político catalán se vive cívicamente. No hay ruptura social (…), no hay fugas de empresas”, ha defendido el ‘president’, que ha estado flanqueado por el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva. Ambos han preparado el terreno Puigdemont, especialmente Junqueras, que ha presumido de “buen comportamiento macroeconómico” de la comunidad autónoma.
“La economía creció el 3,5% en 2016, el año anterior 4,5%”, ha explicado, lo que “representa un crecimiento que es más del doble que la media de la zona euro” con las “exportaciones en récord histórico” y con una inversión extranjera como “jamás había habido”.
Los argumentos defendidos por los máximos representantes de la Generalitat han tenido su respuesta antes de pronunciarse la tarde de este lunes en Madrid. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha reaccionado a la filtración al diario ‘El País’ de la llamada ley de desconexión o de ruptura, que establece la declaración de independencia automática si el Gobierno no concede la celebración del referéndum. Rajoy ha hablado de “chantaje” al Estado y ha avisado de que no cederá.
‘Ley de ruptura’
El borrador de norma que maneja la Generalitat directamente plantea la independencia de forma inmediata en caso de que el Gobierno central no permitiera la celebración de una consulta. “Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento», afirma la disposición final del borrador de esta ley, según ha publicado el diario ‘El País’.
Además, la mayoría independentista del Parlament ya ha puesto en marcha una reforma del reglamento que permitiría aprobar el texto y su entrada en vigor en solo 48 horas, sin tiempo de reacción de la oposición.
Esta Ley de Transitoriedad Jurídica, conocida como ‘ley de ruptura’, haría las veces de constitución provisional, la fórmula jurídica que utilizaría la Generalitat para regir un proceso constituyente que terminaría desembocando en la “república parlamentaria de Cataluña”. Se trata de un texto elaborado por una decena de personas con el expresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi Sunyer, a la cabeza, y que se refiere a sí misma en su articulado como “ley fundacional”.
“¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?”. Esta es la pregunta que se realizará en caso de que se celebre el referéndum, tal y como establece el borrador de esta norma, que también regula todos los aspectos de la consulta.
Pero va más allá: en sus artículos se tocan todos los aspectos que llevaría consigo esa independencia, desde quiénes se considerarán ciudadanos catalanes, las leyes españolas que permanecerían en vigor y cuáles no, hasta que los funcionarios de la Administración General del Estado pasarán a serlo de Cataluña.
Paula Pérez Cava