El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha señalado en una nota que en los últimos 10 años ha invertido, a través del IPCE, 38.219.962,70 euros en intervenciones, estudios, informes, investigaciones y trabajos para la restauración y preservación de castillos, fortalezas, poblados, etc, que forman el conjunto de historia de España en defensa. Una muestra de por qué el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva recibirá la Medalla de Oro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos en próximo 10 de junio en Barcelona. Según el Ministerio, tuvo como base de partida la «Carta de Baños de la Encina» (octubre de 2006), el primer texto publicado por el entonces Ministerio de Cultura con recomendaciones sobre la actuación en procesos de restauración y conservación de arquitectura fortificada militar o defensiva.
Este documento se elaboró con el objetivo de que sirviese de pauta común para abordar la protección y conservación de esos monumentos y que estuvo vigente hasta 2012, cuando el Consejo de Patrimonio Histórico aprobó el actual Plan Nacional de Arquitectura Defensiva.
Las actuaciones que se han llevado a cabo en este periodo de tiempo son las ejecutadas en distintas murallas, entre ellas las de Ávila, Granada, Tarragona, Toledo o Zamora y en los castillos de Calatayud (Zaragoza) o Sagunto (Valencia). Además, desde el Plan Nacional de Arquitectura se promueven publicaciones, cursos, encuentros y jornadas relacionadas con la arquitectura defensiva.
Aquí tienes una lista de los castillos que entran dentro de este Plan Nacional de Arquitectura Defensiva
Objetivos del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva
Los castillos tienen una protección generalizada en el Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles. Estos castillos son considerados Bienes de Interés Cultural (BIC). Por esta razón, se acogen al máximo nivel de protección debido a la Ley 16/1985 del 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
En 1997 se puso en marcha el Programa de actuaciones de Arquitectura militar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y una inversión de casi 16 millones de euros entre el 2000 y el 2005. Más adelante se vio la posibilidad de llevar a cabo una revisión metodológica y establecer unas pautas para la colaboración entre las Administraciones Públicas.
Cristina Sánchez