El último paso del presidente de la Generalitat para anunciar que llevará a cabo el referéndum no ha tenido reacciones complejas en las más altas instituciones del Estado. Ni siquiera la inclusión de la «república catalana» en la pregunta que quieren formular el 1 de octubre ha inmutado al Ejecutivo: la reacción no ha sido distinta a la de sus últimas apariciones. No ha habido movimientos especiales, ni del Gobierno ni de la propia Fiscalía más allá de la advertencia de que se tomarán medidas ante la firma de un “decreto ilegal”.
De hecho, para el Gobierno las estudiadas apariciones y anuncios públicos son una “escenificación”, según el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. Es una «estrategia cada vez más minoritaria, unilateral y radical» que refleja su «soledad y aislamiento». Es más, las advertencias han estado en todo momento condicionadas, como si los altos cargos del Estado no terminaran de dar credibilidad a las amenazas de Puigdemont de que volverá a dar el paso que tuvo su momento de ensayo-error el 9 de noviembre de 2014, cuando se realizó una consulta declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Tras el anuncio realizado por el ‘president’, escoltado por el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y otros miembros del Ejecutivo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha advertido que la Fiscalía actuará con «toda energía» en el referéndum anunciado por el presidente de la Generalitat si llega el momento y los acontecimientos «lo aconsejan». Con «opiniones o deseos» no es suficiente, ha apostillado Maza, restándole valor al anuncio grandilocuente que pretendían desde la Generalitat.
Tampoco desde el Gobierno han querido darle importancia ni a la fecha ni si quiera se han hecho comentarios sobre el “estado independiente en forma de república”. Lo único que ha dicho el ministro portavoz del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, es que recurrirá cualquier actuación que «pase del anuncio a los hechos». La amenaza del Gobierno es la misma que la de hace meses. Méndez de Vigo ha vuelto a decir que el Ejecutivo recurrirá «todos y cada uno de los intentos» que supongan un «desafío» al Estado de derecho, pero
Aun así, ha formulado un deseo en voz alta: «Espero no se firme ese decreto de convocatoria porque sería ilegal” y le ha restado valor a los movimientos tanto en la esfera interna como en la internacional. El portavoz del Ejecutivo, ha insistido el «fiasco» que ha supuesto la reunión de esta semana con el Pacto Nacional por el referéndum, que se ha disuelto, y el «varapalo» de la Comisión de Venecia -órgano asesor del Consejo de Europa-, «que ha exigido respeto a la Constitución y ha cerrado la última puerta a la estrategia internacional».
El Gobierno quiere prepararse también ante las posibles excusas que puedan dar después los eventuales organizadores del referéndum. «Todo aquello que implique actos hacia un referéndum ilegal no se puede llevar a cabo», ha dicho el también ministro de Educación, para quien, a diferencia del 9N, ante el que dirigentes catalanes alegaron «no estar enterados» de las sentencias del Tribunal Constitucional, «ahora sí» que las conocen «con toda claridad y nitidez». Tras la celebración de la consulta, el presidente de la Generalitat en aquel momento, Artur Mas, exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y a la 'consellera' de Ensenyament en funciones Irene Rigau.
«Numerito con mucha pompa»
Los partidos políticos tampoco han hecho grandes aspavientos. El presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, ha continuado con la línea de que el anuncio no es más que una “escenificación”, y ha tachado a Puigdemont de «farsante» y «profesional de la comedia» por un anuncio de referéndum que es solo un «numerito con mucha pompa». Además, lo ha retado a «poner las urnas» para unas elecciones autonómicas. Ciudadanos ha reaccionado también en ese sentido. La líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha señalado que la «única buena noticia» es que ahora «están más cerca» unas elecciones autonómicas.
La “pompa” también ha sido criticada por el PSC. Su secretario general, Miquel Iceta, ha criticado el anuncio «más pomposo que solemne» de un referéndum que «no se celebrará» y que «no conduce a nada». Además, ha dejado claro que ninguno de sus miembros apoyará un “referéndum ilegal”. El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos, ha insistido en la postura defendida por Pedro Sánchez, ahora líder del partido, con una reforma constitucional que «permita el encaje de la realidad de Cataluña como nación cultural», ese término tan polémico y controvertido que tanto juego ha dado en las primarias del PSOE. Además, como Iceta, ha instado a que se abra una vía al diálogo. «Hay tiempo hasta octubre para buscar espacios de encuentro», ha dicho en una rueda de prensa.
Los que han mantenido una postura más abierta a la celebración de la consulta ilegal ha sido el portavoz de Podem, Albano Dante Fachin, que no ha aclarado cuál será la postura de su partido, pero ha asegurado que «no dará la espalda a la voluntad mayoritaria de votar» de los catalanes. Ada Colau, por su parte, continúa quedándose a medio camino y tratando de erigirse como mediadora. La alcaldesa de Barcelona ha recordado que «siempre» ha defendido un referéndum «con garantías» como solución «real y democrática» a la situación política de Cataluña y que seguirá «trabajando para hacerlo posible».
Paula Pérez Cava