El próximo 1 de octubre “habrá urnas” en Cataluña. Así lo ha reiterado el Govern que está viendo como aparecen más obstáculos por el camino.
Desde hace unas semanas, la Guardia Civil, junto al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, ha interrogado a varios funcionarios de la Generalitat que tienen relación con la campaña que el gobierno catalán inició en febrero para incentivar que los catalanes que residen en el extranjero se apunten al registro del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, por su posible vinculación con el referéndum del próximo 1 de octubre. Un total de 5.000 catalanes ya se habrían apuntado al registro, de los 200.000 que hay fuera de nuestras fronteras.
Así lo ha confirmado la Consejera de Gobernación de Cataluña, Meritxell Borràs, principal querellada por la Fiscalía por el proceso de compras de urnas de la Generalitat. Además, ha querido denunciar las “presiones” que sufren las empresas y funcionarios vinculadas al referéndum por parte de Madrid.
La Guardia Civil habría citado media docena de personas, entre los que destacan funcionarios del departamento de Difusión, de la Consejería de Romeva, y a personal de la agencia publicitaria contratada por el Govern.
A dicha investigación se une la ordenada por la Audiencia Nacional sobre entidades o empresas que pudieran estar colaborando con el proceso independentista, por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales.
Marta Martín Gómez