El Gobierno ha conseguido sumar el apoyo de Canarias a los objetivos de déficit para el trienio 2018-2020 y se allana el camino a la aprobación del techo de gasto la próxima semana, mientras que Extremadura se ha abstenido y se ha desmarcado de la oposición en bloque del resto de comunidades del PSOE.
Ha sido en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ha revisado la senda de déficit aprobada hace sólo una semana para añadir una décima extra al déficit que podrán tener las comunidades en 2018 (que pasa del 0,3 al 0,4 % del PIB) y 2019 (del 0 al 0,1 %). La estabilidad presupuestaria se aplaza hasta el 2020.
Cataluña no ha podido votar ya que no ha acudido a la reunión ningún consejero, solo el secretario de Economía, Pere Aragonés, y, estatutariamente, en este foro sólo pueden votar los consejeros autonómicos.
A favor se han pronunciado todas las comunidades gobernadas por el PP, excepto La Rioja, que no ha asistido, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y Canarias, que ayer consiguió del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el compromiso para que las islas puedan destinar el superávit de este año a inversiones productivas.
Unas inversiones a las que podrán acogerse también el resto de comunidades que tengan superávit, según ha confirmado Montoro en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde además ha señalado que se han aprobado unas «modificaciones muy suaves» de la deuda de las autonomías, que se eleva una décima en 2018 y dos en 2019.
Montoro ha admitido que todos estos cambios obedecen a «razones políticas», ya que son fruto de la negociación con otras fuerzas para poder sacar adelante la próxima semana el techo de gasto y también a que se han conocido datos económicos «muy positivos», como el aumento de cotizantes de la Seguridad Social del 3,8 %. «Estamos ante el crecimiento económico más sano de nuestra historia y más creador de empleo que hemos tenido», ha enfatizado.
Todos estos cambios han llevado al Gobierno a modificar también el techo de gasto, que el martes se debate en el Congreso y el miércoles en el Senado.
Después de recordar que para aprobar el techo de gasto, previo a los presupuestos de 2017, también hubo una negociación política, Montoro ha señalado que «con toda naturalidad se trata de hacer lo mismo».
El ministro ha descartado, por otra parte, estudiar la posibilidad de aplicar un déficit asimétrico, tal y como reclaman varias comunidades, y ha argumentado que no cree que haya «ambiente político» hoy por hoy como para llegar a esa fórmula. «No creo que tengamos ambiente político para ser capaces. No me atrevo», ha confesado el ministro, que ve que «operativamente es muy difícil».
Después del CPFF, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la nueva senda de estabilidad, en la que sólo varía la décima citada de comunidades y Seguridad Social, de manera que no produce efectos en el objetivo del conjunto de las administraciones públicas, que se mantiene en el 2,2 % en 2018 y en el 1,3 % en 2019.
El acuerdo también recoge el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018, que no cambia respecto al aprobado el lunes pasado. Por lo tanto, el techo de gasto asciende a 119.834 millones de euros, lo que supone un incremento de 1.497 millones respecto al techo de gasto de 2017.
Las comunidades socialistas han coincido en criticar los cambios de este viernes, que ven insuficientes, y han reclamado que se suavice la regla de gasto para poder invertir sus ingresos y que la distribución del déficit se haga con criterios objetivos, con arreglo al peso del gasto público de cada administración.
En este sentido, han lamentado que el Gobierno quite a la Seguridad Social la décima que entrega a las comunidades, un ámbito ya deficitario, en vez de restarlo del margen que tiene la Administración General del Estado.
La consejera de Hacienda y Administración Pública de Extremadura, Pilar Blanco, ha justificado la abstención de su comunidad en el mayor margen dado para cumplir con la meta de déficit, que se aproxima a las demandas planteadas en los últimos dos años. Blanco ha negado que se abra «una brecha» entre las comunidades gobernadas por este partido, algo en lo que han coincidido otros consejeros socialistas.
Por su parte, la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, ha explicado que su comunidad ha cambiado el sentido del voto por valorar la propuesta de Hacienda para que las comunidades que cumplan con los objetivos este año puedan emplear el superávit en inversiones productivas.
Este cambio de criterio allana el camino a la aprobación del techo de gasto en el Congreso, donde el voto de la única diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, es fundamental.
Junto a la senda de estabilidad, Montoro ha comunicado a las comunidades que tendrán 1.200 millones de euros adicionales para financiarse procedentes de la liquidación definitiva del ejercicio del 2015, que ha sido positiva para ellas.
EFE