La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avisado este martes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que dar facilidades para el referéndum no debe conllevar dificultades a funcionarios, mientras que el Govern ha pedido a los comunes más «concreción» sobre su papel en el 1-O.
La alcaldesa de la capital catalana ha criticado las prisas del «procesismo», ya que cree que «el ahora o nunca» que defienden los independentistas «es engañar a la gente», y ha expresado su preocupación por que el 1-O «sea unilateral respecto a la mitad del pueblo que tiene derecho a decidir». No obstante, ayer dijo que pondría todas las facilidades para que se celebre el referendo. Unos comentarios que le han acarreado críticas desde el Gobierno central, por pretender dar facilidades para la celebración del 1-O, y desde el Govern de la Generalitat, por falta de concreción.
En su intervención ante el plenario del grupo popular del Congreso, Saénz de Santamaría ha vuelto a garantizar que ese referéndum independentista no se va a celebrar. También ha lanzado un mensaje velado a Colau, al resaltar que las facilidades no deben ser «dificultades para los funcionarios». En este línea, ha pedido a la Generalitat y a los ayuntamientos no someter a los empleados públicos a ningún tipo de tensión ni a tomar cualquier decisión que pueda suponerles intranquilidad.
El Gobierno lamenta que los independentistas catalanes estén sometiendo a presión desde hace tiempo a partidos e instituciones para que apoyen sus tesis y, a menos de tres meses del 1-O, cree que los comunes han pasado a formar parte de esa lista de presionados. Esa presión, según fuentes del Ejecutivo, está siendo obvia en los últimos días y está detrás de la actuación que está teniendo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. «Antes, Podemos y En Común veían desde la distancia las presiones a representantes de partidos que llegaron a materializarse incluso en escraches, y ahora ellos están sintiendo la presión de los independentistas desde las instituciones», subrayan las fuentes.
Sáenz de Santamaría ya había dicho con anterioridad en público que en los últimos días se ha podido constatar que los independentistas presionan también a los comunes porque cree que «es lo que tiene la equidistancia y la ambigüedad».
Unas presiones que se han oído después de la reunión semanal del Govern de Carles Puigdemont, que este martes cumple 18 meses en el cargo sin haber cumplido la hoja de ruta inicial de Junts pel Sí, que preveía una declaración de independencia en este plazo pero que fue modificada para introducir el referéndum del 1 de octubre.
En la rueda de prensa tras la reunión del Govern, la consellera de Presidencia, Neus Munté, ha reprochado «el problema de credibilidad» de los comunes sobre su postura sobre el referéndum y les ha pedido que «concreten» cómo actuarán ante el 1-O.
También la CUP ha considerado que la decisión de los comunes de no apoyar a su juicio de forma clara el referéndum «es un error político grave» y ha advertido a los dirigentes de Catalunya En Comú sobre «las consecuencias que puede tener» su postura. Entre los opositores al independentismo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra Podemos y Colau por a su juicio «dar un balón de oxígeno» a los separatistas.
Por su parte, la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha pedido a los comunes que de «lunes a domingo opinen lo mismo», porque «la pluralidad del país se garantiza respetando la ley y los ayuntamientos se deben a la legalidad».
En la carpeta judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pese a declararse desierto el concurso para la compra de urnas, ha acordado mantener abierta su investigación sobre la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ante los indicios de que no es un hecho «aislado», sino vinculado al referéndum y orientado «a infringir el mandato del Constitucional».
El Govern ha criticado la decisión del TSJC, al considerar que este proceso no tiene «ninguna base jurídica», y ha evitado concretar cómo se llevará a cabo la compra de urnas, pese a que en la web «garanties.cat» de Junts pel Sí se afirma que el Govern «ha iniciado el proceso para comprarlas directamente».
Munté ha reiterado que ni los funcionarios ni el resto de los trabajadores públicos se verán en «dificultades» por las «decisiones políticas» que adopte el ejecutivo catalán en relación al referendo.
Así se ha expresado después de que el Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña haya remarcado de que deben ser fieles a la Constitución.
Por otro lado, la agrupación de juristas catalanes «Llibertats» ha denunciado en un acto en el Parlamento Europeo (PE) en Bruselas las «ilegalidades» que rodean a las leyes con las que la Generalitat quiere dar base jurídica al referéndum.
EFE