En un auto fechado ayer, la jueza fija la entrega de los menores a las 17.00 horas del día 28 de agosto en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, mismo lugar al que esta vecina de Maracena ya había sido requerida el pasado 26 de julio para restituir a los niños con su padre, el italiano Francesco Arcuri.
El auto, contra el que cabe recurso, acuerda asimismo que la Guardia Civil se persone en el domicilio de Rivas para requerirle que proceda a la entrega de los menores en cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes, y advierte de que, en caso de que no se acate lo ordenado, se adoptarán «las medidas cautelares que, vista la gravedad de los hechos investigados, se requieran».
Decide además que se tome declaración como investigadas a la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y a la psicóloga de este mismo centro, Teresa Sanz, ante su presunta intervención como «inductoras o partícipes necesarios» en la sustracción de menores y las cita el miércoles 30 de agosto en el juzgado, a partir de las 10.00 horas.
La juez acuerda, finalmente, que la Guardia Civil proceda a citar a familiares de hasta segundo grado de consanguinidad de Juana Rivas para que el jueves 31 de agosto, a partir de las 10:00 horas y de forma sucesiva, presten también declaración como investigados, por su presunta intervención en el delito de sustracción de menores.
En su resolución, en la que hace un repaso extenso de la trayectoria judicial de la causa, la magistrada expone que en la declaración que Juana Rivas prestó este pasado martes ante el juzgado de guardia tras ser detenida «en ningún momento expuso dónde tiene escondidos a los menores».
Asimismo, argumenta que, ante la «falta de colaboración total y absoluta» de Rivas en cuanto a su obligación del cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, la Fiscalía pidió ayer distintas diligencias que la juez considera «totalmente necesarias y amparadas» legalmente.
En su fundamentación, la titular de Juzgado de Instrucción 2 considera que «está claro» que en el ámbito civil ya se ha resuelto lo preciso para lograr la restitución inmediata de los menores a su padre, entrega que no se ha llevado a cabo «pese a que la investigada conoce plenamente la decisión judicial».
La juez hace referencia a la necesidad de cumplir con lo dispuesto judicialmente en aplicación de la legislación española y del Convenio de La Haya, y apostilla que ya constan pronunciamientos judiciales en el ámbito civil, en primera y en segunda instancia, así como el superior interés de los menores, frente a los que se pretende «posibilitar rápidamente la evitación de perjuicios».
«El fin primordial e inmediato, es proceder a la localización de los menores, respecto de los cuales, salvo la información de prensa que, de forma interesada ha vertido la investigada, nada se sabe, a pesar de los requerimientos existentes respecto de la misma por parte de las distintas autoridades», indica la juez.
Para concluir sus razonamientos jurídicos hace constar que la no entrega de los menores conlleva la imposibilidad material de que estos sean oídos, si se estimara necesario.
Además se refiere a una posible «alienación parental» de los hijos dado el tiempo que los menores permanecen bajo la potestad de su madre y otras personas que han debido tener que ayudarla a custodiar a los niños, «en paradero desconocido y bajo la presión circunstancial de la situación imputable» a Juana Rivas.
EFE