Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP y UPN del Grupo Mixto, han apoyado hoy en el Congreso la toma en consideración de la proposición de ley promovida por Podemos contra la discriminación del colectivo LGTBI.
La iniciativa de la formación morada «para construir una sociedad más diversa, rica y justa» seguirá así su trámite parlamentario, para el que el PP ya ha anunciado una enmienda a la totalidad con la presentación de texto alternativo y PSOE, Ciudadanos y PNV, entre otros, enmiendas parciales.
En su defensa de la propuesta, la diputada de Podemos Mar García Puig ha resaltado que es una ley «ambiciosa y pionera» y está «destinada a cambiar la vida de millones de personas en España y todo el mundo».
Ha criticado que el PP no se una al resto del Congreso después de que los 'populares' Javier Maroto y Andrea Levy se comprometieran a apoyar esta ley el pasado julio, durante la celebración del Orgullo Mundial en Madrid.
García ha reconocido, no obstante, que el trámite de esta norma será «complejo» porque «compleja es la ley».
Entre otros puntos, la propuesta de ley recoge que, a partir de los 16 años, los menores transexuales y transgénero puedan acceder a la reasignación sexual quirúrgica sin consentimiento paterno o que, desde la pubertad, puedan ser tratados hormonalmente.
También busca que el colectivo sea nombrado y tratado de acuerdo con la identidad de género manifestada, aunque sean menores de edad, o que en los centros educativos puedan exteriorizar su identidad de género.
Propone que las personas transexuales y transgénero sean consideradas en toda la legislación laboral como personas en riesgo de exclusión social.
Precisamente alguno de estos aspectos han sido criticados por los distintos grupos.
Según la diputada popular Marta González, que ha expresado su «rotunda oposición» al proyecto de ley, es «inadmisible» que los menores puedan cambiar de sexo sin permiso paterno o medicarse hormonalmente a partir de la pubertad.
Lo ha calificado de «chapucero», con «faltas de ortografía» y ha criticado que pretenda derogar artículos que ya no están en vigor e incurra en vulneración de algunos derechos.
Desde el PSOE, Dolores Galovart ha afirmado que la proposición es un «punto de partida» que requiere «mejoras técnico jurídicas» y ha apostado por un «país más decente, donde se reconozca el derecho a ser diferente, sin diferencia de derechos».
Patricia Reyes (Ciudadanos) ha dicho que el documento tiene puntos positivos, pero que algunos discriminan a otros colectivos que no son LGTBI y varios «pecan de inseguridad jurídica» e incluso, ha resaltado, que la ley «podría ser inconstitucional».
Por ello, ha anunciado la presentación de diversas enmiendas, al igual que harán PNV y ERC, que han asegurado que la proposición puede invadir competencias de las comunidades autónomas.
Más crítico ha sido UPN, que cree que los nuevos derechos que contempla la ley para el colectivo LGTBI generan «abusos e injusticias» y ha criticado que el texto no tenga ninguna referencia a las leyes de la biología.
A la toma en consideración de esta propuesta en la Cámara baja han asistido representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELTGTB), que han colaborado en la redacción del texto; y sindicatos como CCOO, han instado a los políticos a acabar con la discriminación y la LGTBIfobia.
Por su parte, la asociación HazteOir.org se ha concentrado esta mañana ante el Congreso para expresar su rechazo, ya que el texto «anima a los niños en los colegios a cuestionarse su sexualidad y su identidad sexual».
Similar opinión a la de la Plataforma por las Libertades, que cree que trata de imponer una ideología totalitaria.
EFE