El pasado viernes, el sindicato SPC de los mossos hizo un requerimiento expreso a Trapero para que desmenuzara cuál debía ser la ejecución policial de la orden emitida por la fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña. Trapero se había limitado a realizar un copia y pega de dicha orden y, acto seguido, a difundirla entre sus subordinados.
Pero a los mossos no les bastó tal mero traslado de una orden que puede suponer requisa de materiales, registros, detenciones de particulares, políticos y altos cargos. Y le exigieron, a través del sindicato SPC (5.500 afiliados en un cuerpo de 18.000 agentes) que se mojara por escrito e hiciera suya tal orden y detallara al máximo el plan operativo. «No es que no sepamos cómo ejecutar esa orden de la fiscalía, es que queremos que la orden nos la dé nuestra jefatura. No queremos incurrir en actuaciones que después nuestros jefes o la fiscalía puedan decir que fueron incorrectas», expresan desde el sindicato.
Los mossos pidieron órdenes claras en los siguientes puntos:
-«Directrices de actuación ante incidentes en los que se observe a particulares, funcionarios o trabajadores públicos que hagan cualquier tipo de publicidad respecto del referéndum ilegal (pegada de carteles, colocación de pancartas, mítines, etc) y si se ha proceder al decomiso del material utilizado para la publicidad».
-«Directrices a la hora de instruir diligencias relacionadas con el referéndum, y si a la vez que se trasladan las diligencias a los servicios de información de los mossos, también se deben notificar de los posibles hechos delictivos a los juzgados de guardia y fiscalía de cada demarcación judicial».
– «Directrices relacionadas sobre cómo proceder si son requeridos por representantes de partidos políticos, entidades particulares, para actuar frente a cualquier acto relacionado con el referéndum ilegal».
Los mossos exigían igualmente cualquier otra directriz que se considerase oportuna de cara a abordar la actividad delictiva relativa al 1-O y dar «garantías legales a la correcta actuación de los agentes dando respuesta a la instrucción 2/2017 de la fiscalía Superior de Cataluña».
El escrito finalizaba exigiendo una «respuesta urgente» a Trapero. Pero el jefe máximo policial de los mossos no parece ver urgente dar respaldo jurídico a sus agentes pese a la febril actividad de los organizadores de la consulta ilegal. La ley, a tenor del silencio de Trapero, puede esperar. Pero los mossos, no. El silencio de su jefe supremo les ha sumido en un absoluto desconcierto que genera no pocas dosis de pasividad a la hora de abordar y abortar los preparativos del 1-O.
No obstante, agentes de los Moscos han realizado ya un goteo de actuaciones, si bien éstas no han sido publicitadas. Algunas fuentes las cifran en un centenar.
Los mossos consideran que Trapero se ha salvado personalmente al trasladar la orden de la fiscalía. Nadie le podrá reprochar nada jurídicamente. Pero consideran que a los mossos les ha dejado a los pies de los caballos. Para combatir la indefinición de Trapero, el sindicato SPC implantará un teléfono de consulta jurídica el día del referéndum ilegal para resolver las dudas de los agentes.
Lo sorprendente es que algunas de las órdenes que piden los mossos podrían contestarse con un mero sí de Trapero. ¿Hay que trasladar los hechos delictivos al juzgado de guardia? Parece una obviedad que por alguna razón ajena a la función policial Trapero no quiere ordenar de su puño y letra.
Para rizar el rizo de la desidia, Trapero ha delegado la gestión del seguimiento policial de la orden de la fiscalía en la división de investigación criminal. La mitad de su plantilla (80 agentes) y su jefe están de baja.
Francisco Mercado