Así lo han confirmado fuentes de la investigación, en el marco de un amplio dispositivo de la Guardia Civil en busca de documentación relacionada con el referéndum del 1-O, que ha llevado también a precintar dependencias de Economía, como el despacho del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.
Esta mañana, la diputada de ERC Ester Capella ha denunciado que las primeras detenciones de cargos públicos catalanes por su papel en la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre «quiebra el estado de derecho» y vulnera derechos fundamentales.
«Esto ya no va de independentistas sino que se está quebrando el estado de derecho, y utilizando torticeramente el derecho, y utilizando el fiscal general del Estado como brazo armado y convirtiendo a las instituciones del Estado en títeres de un Gobierno corrupto», ha proclamado.
Por todo ello, Capella, que ha anunciado que los diputados de ERC no volverán al pleno hasta conocer con detalle la operación policial que se está desarrollando en Cataluña, ha pedido al Gobierno central que «reconsidere» su posición y respete la voluntad de los catalanes.
«¿Se va a acallar a la ciudadanos de Cataluña mediante detenciones?», se ha preguntado.
EFE