Tras una reunión extraordinaria del Consell Executiu, se ha procedido a la destitución del hombre de confianza de Oriol Junqueras, Josep María Jové, quien estaba multado con 12.000 euros diarios por cada día de desobedencia en relación a los preparativos y celebración del referéndum del 1-0, según la decisión del Tribunal Constitucional, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado.
Por otro lado, y también para evitar la multa de 6.000 euros diarios a la que debería enfrentarse, ha dimitido presidenta de la Sindicatura de Val d’Aran, Carme Vilanova.
Por la tarde, el Govern ha dado por concluida la tarea de la Sindicatura Electoral que, sorprendentemente, quiere traspasar a alguna entidad social o internacional. Se espera para esta tarde las dimisiones de las cinco personas que integran las sindicaturas, asiícomo las delegaciones territoriales.
Las sanciones empezaban a ser efectivas a las 10 de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE, el plazo que tienen los multados por desobediencia para justificar su renuncia en la sindicatura electoral de Cataluña y en las sindicaturas de demarcación, previa revocación y comunicación de todos los acuerdos adoptados.
Sin embargo la simple dimisión no es suficiente para eludir la sanción, el Tribunal Constitucional examinará si han acatado sus resoluciones, por lo que librarse de las sanciones no sería algo automático.
Aunque aparentemente, la razón de estas dimisiones o ceses sea evitar las multas del Constitucional, no se descarta que la decisión de esta medida sea que Oriol Junqueras prefiera no tener imputados en su equipo.
Los sancionados son los miembros del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, y los de las sindicaturas de Cataluña, l' Aran, Barcelona, Tarragona y LLeida.
Marta de la Fuente