Los evasores y defraudadores fiscales catalanes, personas físicas y jurídicas, han sumado más de 5.500 millones de euros en los últimos años en impuestos escamoteados. Si en 2012 afloraron 3.000 millones de euros de dinero oculto, en 2017 deben al fisco casi 2.500 millones de euros. La declaración tributaria especial (nombre oficial de la amnistía fiscal de 2012) permitió ingresar en Cataluña 303,7 millones (peaje de los 3.000 millones aflorados) del total de 1.195,5 millones recaudados en el conjunto de comunidades de régimen común (es decir, todas menos País Vasco y Navarra), a su vez un mero 10% del capital evadido.
Ese dinero negro destapado en 2010 se repartía así por provincias: en Barcelona se ingresaron 262,8 millones, en Tarragona fueron 12,2 millones, en Lleida 6,5 millones y en Girona 22,2 millones. Por tanto, la cumbre de la insolidaridad y evasión fiscal se la llevó la provincia donde tiene sede la capital catalana.
La amnistía del capital aflorado correspondiente a los años no prescritos en 2012 tenían un único coste del 10% –no serían exigibles sanciones, intereses ni recargos, ni interrumpía la prescripción– que son los importes anteriores, por lo que el capital oculto procedente de la evasión fiscal principalmente en el trienio de 2008 a 2010 que se acogió a la amnistía en Cataluña alcanzó los 3.037 millones.
La amnistía no fue un éxito, ya que apenas recaudó 1.191 millones, la mitad de 2.482 millones previstos por el Ministro de Hacienda.
Las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña concentraron el 64,2% de todo el dinero recaudado por la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. Así, en Madrid y Cataluña fueron más de 760 millones de los casi 1.200 millones recaudados, seguidas a gran distancia de otras autonomías como Comunidad Valenciana (124,2 millones), Andalucía (65,2 millones) y Galicia (44,6 millones).
En 2012, ya era recurrente la cantinela «España nos roba» de los nacionalistas catalanes. Según cálculos de Gestha, la recaudación de la amnistía que afectó principalmente a los años 2008 a 2010, en relación a la evasión total en esos tres años, supone algo menos de un 3% de la evasión total real en toda España en ese trienio.
Es decir, el 97% de la evasión siguió manteniendo sus activos ocultos. El ejemplo singular más paradigmático de esta confianza en no ser detectado fue la familia Pujol, que dejó correr esa amnistía, y las anteriores, y tuvieron que presentar complementarias cuando las autoridades de Andorra iban a enviar la información de sus cuentas opacas a la Audiencia Nacional. Pero hay otros muchos posteriores como los afectados por los papeles de Panamá o el futbol leaks.
Sólo cinco años después, 2017, al margen del dinero que los catalanes siguen manteniendo oculto, existe una prueba de su falta de cumplimiento fiscal. En el club de morosos vivos al fisco figuran no menos de 800 empresas catalanas, según datos en poder de Hacienda. Suman cerca de 2.500 millones de euros de deuda fiscal.
¿Qué suponen esos 5.500 millones evadidos o impagados por personas o empresas catalanas? Por poner un ejemplo, en los presupuestos de la Generalitat para 2016, Oriol Junqueras, vicepresidente catalán hoy comprometido con la fuga de España del 1-O, proclamaba como un éxito que tenían “el porcentaje de gasto social más alto de la historia”.
En total, se iban a destinar 1.170 millones de euros más que en 2015 a esas partidas.El gasto en sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, que sumaba 19.129,1 millones de euros, era todavía un 11,7% inferior al que había en 2010. Es decir, desde 2010, los Gobiernos catalanes han recortado gastos, pero sus empresarios apenas han rebajado su cuota del fraude fiscal nacional.
Los 2.500 millones de euros que hoy defraudan los catalanes servirían para doblar el incremento de gastos sociales de sus compatriotas. Los 3.000 millones de euros que tenían ocultos en 2010 habrían servido para aportar cerca de 1.000 millones de euros al fisco, si no fuera por la rebaja que les hizo el Gobierno central.
Hacienda les trató con igual mimo que al resto de evasores de España y sólo les aplicó un 10%. En suma, entre los impuestos amnistiados o impagados, los catalanes han hurtado más de 3.000 millones de euros que deberían estar en las arcas públicas.
Generalitat y Gobierno central pueden discutir sobre si la balanza fiscal es favorable o no a Cataluña, pero cualquier político honesto convendrá que el peor destino para el dinero de los catalanes es Andorra o los paraísos fiscales. El dinero de esos paraísos nunca irá a engrosar los presupuestos de los catalanes. Cataluña roba a Cataluña.
Francisco Mercado