sábado, septiembre 21, 2024
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La gestión de los observadores internacionales conduce al delito a entidades privadas

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Ni será homologada, ni cumple con estándares internacionales. No tendrán los recursos informáticos reconocidos internacionalmente ni personal propio. No hablan catalán y les paga el Gobierno –principio que contamina cualquier observación-. En definitiva, un completo que inhabilitarían la observación internacional en cualquier parte del mundo.

Antes de que las personas que integraban la Sindicatura Electoral dimitieran –para evitar las multas y los perjuicios a sus carreras-, y ante la imposibilidad de recurrir a observadores internacionales acreditados, los ideólogos del referéndum ilegal decidieron dejar alquiladas un par de entidades que aceptaron formar parte del teatro.

Se trata de “The Hage Institute” y la consultora neozelandesa Helena Catt. Suman catorce personas, una delegación de observadores suele estar integrada por equipos de entre sesenta y doscientas personas, que llevan quince días por Barcelona.

Se trata de dos iniciativas privadas ya que la OSCE, la ONU o la UE no participan en consultas o elecciones no reconocidas por los gobiernos. Tampoco el centro Carter quiso participar en su momento.

El Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) ha reconocido el pago a los traductores de los observadores así como a la delegación neozelandesa. Un hecho que, por sí mismo, descalifica cualquier misión observadora.

No podrá pagar y además induce al delito

Pero la intervención de Diplocat tiene otras consecuencias: en primer lugar, no podrá pagar y, en segundo, su actividad ilegal contamina a buen número de instituciones privadas catalanas.

No podrá pagar porque el “C.Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)” figura en el listado que el Ministerio de Hacienda ha elaborado, el pasado 15 de Septiembre, con motivo de la intervención de las cuentas de la Generalitat, y no habrá interventor catalán o español que certifique el mandamiento de pago.

Pero, además, Diplocat es una institución público – privada. Una gestión irregular de la misma contaminaría a sus miembros que podrían ser, igualmente, responsables de la decisiones tomadas por la entidad.

Entidades afectadas

Figuran entre los miembros del Consejo instituciones públicas como las Diputaciones Provinciales, los Ayuntamientos de las capitales de provincia, incluido el que preside Colau, y las asociaciones de municipios.

Entre las Entidades financieras y empresariales comprometidas se encuentran las organizaciones patronales, CC.OO y UGT. El Barcelona Club de Fútbol es miembro de este Consejo así como las Universidades de Cataluña.

Diplocat

El Consejo esta Presidido por Puigdemont, como Presidente de la Generalitat. Diplocat tiene un presupuesto de 2,3 millones que hacen parte de los 18,7 millones de euros que dedica la Generalitat a políticas internacionales.. se transfieren desde el Presupuesto de la Generalitat.

La plantilla es de 13 personas, 9 del Grupo A. Al frente de esta plantilla se encuentra Albert Royo Mariné, que está al frente del Consejo desde 2013.

Domingo Labrador

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