La Generalitat y las asociaciones del entorno nacionalista consumaron ayer el intento de referéndum ilegal, una votación en la que se saltaron todas las reglas de una mínima limpieza democrática o electoral.
La Generalitat ha ofrecido unos datos indemostrables según los que habrían votado 2,2 millones de personas, cifra inferior a la del 9N. Los 2 millones que dicen avalan la secesión, suponen el 36,6% del último censo electoral legal conocido en Cataluña. Estas cifras coinciden con los votos de Junts Pel SI (PDeCat y ERC) y la CUP. La mayoría de los catalanes y catalanas, según la Generalitat no habría participado en el referéndum.
Colegios improvisados, sistema anunciado minutos antes de iniciarse la votación, censo cogido a mano, votos en plena calle sin control alguno durante las algaradas, votos duplicados, falta absoluta de imparcialidad del colegio electoral, entre muchas irregularidades. Lo que sí logró el independentismo fueron las fotos deseadas de enfrentamientos en la calle entre Policía y Guardia Civil con manifestantes. Para ello fue necesario que los Mossos d’Esquadra fueran cómplices de sus mandos políticos y desobedecieran a jueces, fiscales y autoridades gubernativas de seguridad. Su pantomima permitió la apertura de algunos colegios más de los previstos. Los jueces investigan a los Mossos por estos hechos y algunos han sido detenidos, según han informado a Estrella Digital fuentes policiales.
Al final de la noche, Puigdemont ha anunciado que remitirá los datos al Parlament y cumplirá la legislación catalana, en la medida que «Cataluña se ha ganado el derecho a la soberanía»
La Policía Nacional y la Guardia Civil han sido los otros grandes protagonistas de la jornada electoral. La acción del Estado, por encargo de jueces y fiscalía, ha consistido básicamente en la clausura de algunos colegios electorales. Las cifras aún son poco fiables, pero la trampa tendida por el ‘mayor’ de los Mossos, José Lluis Trapero, parece que ha surtido efecto. La acción policial se ha visto contestada por tumultos callejeros protagonizados por los grupos radicales que han ido llegando a Cataluña estos días, Esta de la violencia callejera era una de las fotos más temidas por el Gobierno.
Pasada la furia en las calles y el fraude electoral, llegan las consecuencias de esta jornada negra para España. Mariano Rajoy ha manifestado que comparecerá en el Congreso y convocará a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, mientras manifestaba su voluntad de diálogo, “dentro de la ley y la Democracia”. El presidente del Gobierno ha insistido en la necesidad de “recomponer la convivencia”: “Entiendo la frustración y lo lamento sinceramente”, ha dicho a los catalanes partidarios del ‘procés’ de buena voluntad. “Hay que tener un diálogo leal en el que se escuche a todos”.
Rajoy ha incidido en los aspectos aberrantes de este referéndum que asegura que “no se ha celebrado”: “adoctrinamiento de niños, acoso a jueces y periodistas”, entre otros. Por su parte, Pedro Sánchez ha asegurado que no le han gustado “las cargas policiales” de las que ha culpado a Rajoy, y ha enfatizado la petición de que comience una etapa de diálogo.
La Generalitat ha cifrado en más de 700 las personas atendidas por la violencia en las calles. Claro, que fue Carles Puigdemont y los ‘consellers’ de la Generalitat los que pidieron que la población saliera a las calles contra la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Estas cifras no están contrastadas por medios independientes.
La mañana comenzó con la inacción de los Mossos d’Esquadra, que tras pedir ser ellos quienes gestionaran la clausura de los colegios electorales, hicieron un paripé que ha movido a los jueces a abrir una causa contra ellos por desobediencia. Policía Nacional y Guardia Civil –interior ha desplegado 6.000 efectivos de refuerzo en Cataluña– fueron a intentar paliar el desaguisado de los Mossos. Para entonces, ya estaba organizada en la calle una encerrona que obligó a escenas como la que protagonizó la UIP de la Policía Nacional a cargar para poder evacuar el colegio Ramón Llull de Barcelona, en pleno barrio del Ensanche.
Ada Colau, en su medido papel, ha reprochado a Rajoy la presencia de policía en la ciudad. Iglesias ha protagonizado una concentración en la Puerta del Sol de Madrid para apoyar el referéndum ilegal. Su conclusión política ha sido pedir la dimisión de Rajoy.
Parecía claro que la batalla iba a ser la de la imagen. El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha intentado poner su grano de arena y ha intentado suspender el partido de Liga contra Las Palmas. No lo ha logrado y entonces ha decidido jugar a puerta cerrada, asegurando que lo hacía para que se conozca “el sufrimiento de Cataluña”.
Las redes sociales han registrado varios intentos de colar como heridos en el día de hoy fotos que pertenecían a manifestaciones de hace años. Singularmente dio la vuelta la foto de un chico con una brecha en la cabeza; se trataba de una imagen tomada en 2012 tras una carga precisamente de los Mossos.
Pero el Gobierno no ha podido evitar imágenes de Policía y Guardia Civil actuando con contundencia ante las proporciones de la resistencia organizada por asociaciones con la Asamblea Nacional Catalana y Omnium, así como por la CUP. La trascendencia en la opinión pública internacional de estas imágenes será uno de los elementos a valorar en la complicada semana que empieza.
A la hora del cierre de esta edición no ha comenzado siquiera el imposible recuento de la Generalitat. El censo no es oficial, se ha anotado a mano, ha habido votos sin control alguno y varios periodistas han podido votar varias veces, sin siquiera estar empadronados en Cataluña, para demostrar el pucherazo de este referéndum ilegal.
El listón que se autoimpusieron los independentistas era un millón de votos, cifra que es indemostrable. De la valoración de esta jornada y el respaldo que noten los líderes independentistas llegará la presión para que Carles Puigdemont haga o no una declaración unilateral de independencia. Dependerá de la presión de sus socios de Gobierno, dada la precariedad del PdCat. Sería el reto ya final, para el que pocas respuestas quedan ya, quizás solo aplicar el artículo 155 y suspender la autonomía catalana.
F. de Castro