El Gobierno ha agilizado este viernes el procedimiento para cambiar el domicilio social de las empresas, una medida adoptada a petición de las propias compañías y ante la «incertidumbre» creada por la «política irresponsable» de la Generalitat de Cataluña.
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha calificado de «triste» que «empresas importantísimas de Cataluña» hayan decidido abandonar la comunidad autónoma, empujadas por la inestabilidad del proceso independentista. «Esto no es culpa de las empresas», ha considerado, sino de la «política irresponsable» de la Generalitat, que genera «incertidumbre, inquietud».
Ante esta situación, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional, por el que se elimina en la práctica que un eventual traslado tenga que pasar por la junta de accionistas.
Esta cuestión solo tendrá que abordarse en junta en las empresas cuyos estatutos incluyan una «mención expresa» por la que el consejo de administración no pueda ser competente para el cambio de sede, una puntualización que tendría que incorporarse tras las entrada en vigor del real decreto, prevista para mañana.
Al eliminar este requisito, se evita tener que convocar la junta, lo que conlleva generalmente un plazo mínimo de un mes hasta la celebración y la incertidumbre sobre el resultado de la votación en este punto, lo que facilita el procedimiento. El Gobierno ha abordado este real decreto con el PSOE y Ciudadanos y este último ya ha avanzado que votará a favor.
La normativa completa el cambio legislativo introducido a finales de mayo de 2015, cuando -también a instancias empresariales, según De Guindos- se modificó la Ley de Sociedades de Capital para permitir que los administradores pudieran cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, si bien incluía una «excepción», que consistía en que existiera una «disposición contraria» en los estatutos, salvedad que ahora se restringe.
El cambio de domicilio social no implica el movimiento físico de las oficinas o de los empleados, que pueden trabajar desde cualquier lugar, y además no tiene que coincidir con el domicilio fiscal.
En materia fiscal, los principales gravámenes, impuesto de sociedades e IRPF son estatales y no cambian con el traslado, mientras que los impuestos locales, IBI y actividades económicas, se refieren a establecimientos físicos y no se verían alterados por un cambio de sede.
El goteo de empresas que han anunciado su salida de Cataluña comenzó esta semana con la biotecnológica Oryzon y la firma de telecomunicaciones Eurona, ambas cotizadas.
Especialmente delicada es la situación para las entidades financieras, que en caso de una eventual independencia dejarían de estar amparadas por la regulación europea, lo que las estaba penalizando en bolsa.
Ante estas circunstancias, Banco Sabadell tomó ayer la decisión de trasladar su sede social de Sabadell (Barcelona) a Alicante -donde se ubicaba la antigua CAM, adquirida en 2011-, un movimiento que no requería del visto bueno de la junta porque así lo prevén sus estatutos.
En cambio, sí lo recogen los estatutos de CaixaBank, cuyo consejo de administración se reúne hoy para abordar esta misma cuestión y que ahora ven facilitada la eventual decisión de cambiar el domicilio social.
En el día de hoy, la textil Dogi ha anunciado su traslado a Madrid, y otras firmas como Gas Natural Fenosa, Catalana Occidente o Freixenet lo están estudiando.
Ante estos movimientos corporativos, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ha acusado al Gobierno de presionar a los bancos para que trasladen sus sedes y ha asegurado que el cambio de domicilio es «temporal».
En Cataluña hay 608.981 empresas -de los 3,3 millones que suma el total nacional-, la mayoría micropymes (579.588), aunque también pymes (23.934), medianas (4.247) y grandes (1.212).
La Caixa, pendiente de dar el paso
Poco antes de las seis de la tarde, la entidad financiera anunciaba el traslado de sede a Alicante. Al banco que ya ha decidido irse se unen otras reflexiones como las que hace la Caixa o la de Catalana Occidente. La CUP, por su parte, ya ha llamado al boicot a estas entidades.
Los inversores buscan seguridad y el Gobierno español la ofrece. Para evitar dificultades a las empresas, el Gobierno estudia un decreto que permita la salida exprés de aquellas que lo deseen, reduciendo trámites y reuniones innecesarias que podrían ser boicoteadas por escraches.
En busca de ambas seguridades, la europea y la española, la empresa de biotecnología Orizon, en un momento del ciclo de negocio en que los inversores son transcendentales, se trasladó a Madrid en víspera del referéndum.
Capital e inversiones
El Sabadell había recuperado sus pérdidas en Bolsa con el simple anuncio de su reflexión corporativa. Catalana Occidente se sumaba a la reflexión de las dos entidades catalanas del IBEX35, mientras los fondos de inversión gestionados por la banca en Cataluña sufrían retiradas de dinero.
EDM Gestión, una de las entidades más reconocidas del país, ha visto salir más de 12 millones de euros netos en el último mes, equivalente a más del 1% de sus activos bajo gestión, que alcanzan los 1.100 millones de euros, según cifras de Inverco.
Caja de Ingenieros Gestión, con 626 millones de patrimonio, también ha registrado números rojos, al sufrir reembolsos netos superiores a los dos millones de euros. Tras ésta, Degroof Petercam ha visto cómo sus clientes retiraron 1,1 millones de euros, reduciendo su volumen de activos a 365 millones.
En la misma línea, Gesiuris, firma participada desde 2008 por la aseguradora Catalana Occidente, ha perdido casi un millón de euros de patrimonio en el último mes. La firma catalana administra 318 millones de euros. También GCO Gestión de Activos, la gestora de fondos del Grupo Catalana Occidente, y MDEF Gestefin, aparecen en la lista de los que han sufrido pérdidas de millones de euros en apenas cuatro semana, fruto de las tensiones establecidas entre la capital del país y Barcelona por el referéndum sobre la independencia catalana.
Cuentas Zombis
Cuentas virtuales, con fondos en cuentas con licencia española y europea. La primera técnica de los bancos. No obstante, esta es una seria amenaza al empleo y a las agencias.
Las oficinas físicas se justifican con la captación de recursos y ahorro. El nuevo tipo de cuenta será la banca telefónica, con amenaza al empleo. El efecto económico de este traslado de fondos del cliente fuera de Catalunya puede ser casi nulo para las entidades, ya que el coste electrónico de la gestión de cuentas es inapreciable. Sin embargo, sí es importante desde el punto de vista fiscal para el usuario de banca.
El dinero busca seguridad
El Deutsche Bank, atento con sus inversores, envió en enero su listado de preocupaciones. Entre las treinta primeras, en el número 21, figuraba 'Catalonia independence vote' . Un hito importante, si tenemos en cuenta que el desarrollo del Brexit figuraba en el número 22.
Junqueras y el discurso oficial han ignorado las preocupaciones de los inversores, manteniendo algún que otro “fake” económico: singularmente, la pertenencia a la Unión Europea y la posibilidad de recurrir al mercado de capitales, tras años de financiarse del tesoro español. El arma de Junqueras es que una quita del 16% del PIB español presionaría al gobierno para no tocar la economía.
Europa sostendrá a España y a los inversores
Una evaluación probablemente optimista. Primero, porque Draghi no está dispuesto a que la economía española se le marche de las manos y el mismo lunes puso un chorro de dinero para controlar la prima de riesgo. La emisión de deuda de esta mañana ha sido más cara, pero a tipos más baratos de la deuda que refinanciaba.
En el IBEX 35 hay dos entidades catalanas: Banco Sabadell y CaixaBank. El primero se dejó un 4,53% y la segunda un 4,43%, las mayores caídas desde agosto de 2016. Ha bastado el anuncio de que el Sabadell se pensaba el traslado de sede para que el banco recuperara su capitalización.
La tranquilidad de una gestión europea es básica para los inversores. La contingencia del abandono es lo primero que se exigió por los inversores a las empresas escocesas. Todas tenían preparado su cambio de sede. A pesar del patriotismo financiero del que hacen gala los analistas catalanes, la relevancia en el mundo de los capitales no es tan notable: por ejemplo, el peso del mercado catalán en el Sabadell es del 15%, cifra inferior al peso del PIB en la economía española.
Las licencias europeas no solo son esenciales en el marco regulatorio financiero. Las dos infraestructuras más relevantes en Cataluña: puerto y aeropuerto, pertenecen al Estado y no existe mecanismo legal, nacional, europeo o internacional, que permita a las instituciones catalanas poner las manos en ninguna de ellas.
Eso si, la pérdida del carácter europeo de ambas desplazaría buena parte del tráfico allí donde una sencilla indicación económica o fiscal del Gobierno español lo sugiriera. En Cataluña dan por perdida la Agencia del Medicamento, cuya ubicación en Barcelona había sido uno de los pactos suscritos con el Gobierno español con las autoridades de la Comisión Europea.
El turismo, recurso en riesgo
La turismofobia deberá aparcarse en estos momentos de incertidumbrte. Aún así, no está claro que el simple cambio de actitud mejore la situación. Existe una situación inicial de incertidumbre. Los operadores, especialmente los ingleses, están recomendando evitar Cataluña hasta el día 13. El aviso ya ha supuesto el desvío de cruceros y la cancelación de reservas.
El interés del Gobierno catalán en alentar una imagen de especial violencia en las calles, tanto en los medios como en las instituciones, se ha vuelto en contra de la industria. Una incertidumbre que podría prolongarse si persiste la inseguridad jurídica en la defensa del usuario y el consumidor.
La superación de la incertidumbre puede no ser suficiente si las gestiones de aeropuertos y puerto, gestión estatal, supusiera algún tipo de tasa o fiscalidad distinta una vez producido un escenario de independencia
Miguel de la Balsa