El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Policía Nacional asumir la custodia del edificio que lo alberga, por lo que los Mossos d'Esquadra que hasta ahora lo vigilaban quedan bajo su mando, para «preservar la integridad del Poder Judicial» ante una eventual independencia.
El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, dictó el pasado viernes una orden para la custodia y seguridad del Palacio de Justicia que alberga al Alto Tribunal catalán por la que, dentro del edificio y sus entornos, se desplieguen policías nacionales que garanticen su vigilancia.
El objetivo de la orden es que la Policía Nacional comparta con los Mossos la obligación de «preservar la integridad del Poder Judicial y el normal funcionamiento» del TSJC, así como «la independencia de todos los magistrados que lo integran y el ordinario cumplimiento de su deberes jurisdiccionales».
En su orden, Barrientos recuerda que la Ley de Transitoriedad Jurídica que aprobó el Parlament, y que el Constitucional suspendió después, «vienen a perturbar invariablemente la integridad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de todos los magistrados que la integran, incluido su presidente, en la medida en que llevan a su desaparición, para compromiso de la función jurisdiccional que ejercen».
Según han informado fuentes policiales, Barrientos ha comunicado hoy por separado su decisión, en su despacho en el edificio del Alto Tribunal catalán, al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y al jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña, Sebastián Trapote.
Con su medida, que ha comunicado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la juez que investiga al Govern por convocar el referéndum del 1-O, Barrientos pretende garantizar «el normal funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y el ordinario cumplimiento de sus deberes judiciales por todos sus integrantes».
Barrientos precisa en su orden que la Ley Orgánica del Poder Judicial confiere a los jueces potestad para ordenar las diligencias que consideren oportunas cuando «se consideren inquietados o perturbados en su independencia».
Asimismo, recuerda que la Ley de Transitoriedad Jurídica «regula y desarrolla un Poder Judicial que ignora la previsión constitucional y las disposiciones orgánica reproducidas» y que, pese a que el Constitucional ha suspendido esa norma, «se constata la determinación de los responsables políticos de la Generalitat de dar los pasos necesarios para su vigencia y aplicación efectiva».
El escrito también pone de manifiesto que la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlament han convocado un pleno que incluye como único punto del orden del día la comparecencia del presidente catalán, Carles Puigdemont, para valorar los resultados del referéndum del 1-O, suspendido por el TC.
«El presidente de la Generalitat ha hecho pública su determinación de hacer efectivas las previsiones del artículo 4.4. de la Ley 19/2017 del Parlament, a pesar de la suspensión decretada de dicha norma por parte del Tribunal Constitucional», subraya también Barrientos.
Por ese motivo, ordena que la Policía Nacional despliegue los efectivos que considere necesarios para «preservar la seguridad del edificio, el normal funcionamiento del TSJC y el ordinario cumplimiento de sus deberes judiciales por todos sus integrantes», junto a los Mossos, «pero bajo el mando de quien dirija la unidad» del cuerpo de seguridad estatal.
Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional se han desplegado esta mañana en el edificio judicial, situado en el paseo de Lluís Companys en la Ciudad Condal, siguiendo la orden del presidente del TSJC.
Frente al edificio del Alto Tribunal se han concentrado en los últimos meses miles de personas en varias convocatorias de las plataformas independentistas para protestar por el juicio al expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, por la celebración de la consulta del 9N, o para apoyar a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament, con su presidenta, Carme Forcadell, al frente, investigados por permitir que el pleno votara resoluciones a favor del proceso soberanista.
La orden del TSJC se dictó el mismo día en que Trapero declaró como investigado por un delito de sedición ante la Audiencia Nacional, que cuestiona la labor de los Mossos d'Esquadra por el asedio que sufrieron los agentes del instituto armado en el registro de la sede de la Conselleria de Economía el pasado 20 de septiembre.
El presidente del TSJC ha acordado dar a la Policía Nacional el mando de la vigilancia de su edificio judicial de forma paralela a la investigación que el Alto Tribunal tiene abierta al Govern por la convocatoria del referéndum del 1-O que lleva a cabo la magistrada del alto tribunal catalán Mercedes Armas.
La magistrada del TSJC pidió la semana pasada un informe a Diego Pérez de los Cobos, cargo del Ministerio de Interior que coordinaba el dispositivo para impedir la votación, sobre la labor de cada cuerpo policial en aquella jornada, tras la que una veintena de juzgados catalanes han abierto diligencias sobre la «inactividad» de los Mossos d'Esquadra.
EstrellaDigital/EFE