El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció ayer sábado por la noche en una declaración institucional que convocará un pleno en el Parlament para responder a las medidas impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la aplicación de artículo 155.
La respuesta del líder independentista se ha producido después de que este sábado se celebrara el Consejo de Ministros en el que se ha decidido el cese del Govern y el control del mismo por parte del Gobierno central. Carles Puigdemont, acompañado de fondo por la senyera y por la bandera europea, ha calificado estas acciones, en un discurso dado en catalán, inglés y castellano, como un intento de «liquidar» el autogobierno y la democracia de Cataluña en «el peor ataque a las instituciones» catalanas desde los tiempos de Franco.
El líder del Govern ha advertido a “los demócratas” que este “ataque a la democracia abre la puerta a abusos de la misma índole en cualquier parte” de España y ha finalizado su intervención con un mensaje en inglés, reivindicando la vocación europea de su lucha.
Unas horas antes, Puigdemont encabezó la manifestación en Barcelona para pedir la libertad de Jordi Sànchez y de Jordi Cuixart. En un primer momento, se esperaba que a la marcha sólo fueran los 'consellers', pero tras la intervención de Mariano Rajoy desde la Moncloa, se anunció que el president también acudiría a la protesta. Según la Guardia Urbana asistieron a ésta 450.000 personas aunque Societat Civil cifró los asistentes en 85.000.
Mariano Rajoy aplica el 155
El Consejo de Ministrosacordó ayer sábado el cese de Carles Puigdemont y de todo su Gobierno. Como consecuencia de esto, Mariano Rajoy convocó elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses o «hasta que se recupere la normalidad», según informó el presidente del Gobierno en una rueda de prensa.
Mariano Rajoy explicó este sábado en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa las medidas tomadas durante la reunión del Consejo de Ministros que, al amparo del artículo 155 de la Constitución, se aplicarán para restaurar el orden constitucional en Cataluña.
El acuerdo al que llegaron los ministros y el presidente radica en el cese de Carles Puigdemont y de todo el Govern y la atribución al Gobierno central de la capacidad de veto en las iniciativas parlamentarias catalanas. Además, se ha concretado que tanto el Centro de Tecnologías de la Información de Cataluña (CTTI) como los Mossos d'Esquadra queden bajo el control del Ministerio del Interior. En caso de que éste organismo lo considere, los Mossos podría llegar a ser sustituidos por agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Los demás Ministerios tomarán el control de sus respectivas áreas en la comunidad autónoma.
En caso de que los consejeros, trabajadores y demás funcionarios de la Generalitat que han sido cesados no cumplan con el mandato del 155, el Gobierno aseguró que tomará medidas al respecto. «El incumplimiento de las medidas contenidas en el presente Acuerdo se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica», señala el acuerdo del Gobierno.
En relación con los objetivos que se pretenden conseguir con la aplicación del 155, el presidente del Gobierno especificó que el primero de ellos consiste en volver a la legalidad con la aplicación de la Constitución. Además, se pretende recuperar la normalidad y la convivencia que en Cataluña «desgraciadamente se ha deteriorado» desde 1-O, continuar con la recuperación económica en la comunidad catalana que «se ha puesto en peligro en las últimas semanas por las decisiones caprichosas llevadas a cabo por sus líderes», y, por último convocar elecciones en Cataluña. En la rueda de prensa, Rajoy ha explicado que la celebración de estos nuevos comicios se producirá en un periodo máximo de seis meses.
El Gobierno ha propuesto al Senado que otra de las medidas a aplicar en Cataluña cumpliendo el artículo 155 de la Constitución será que el presidente del Parlament no pueda proponer candidato a la presidencia de la Generalitat y que el parlamento catalán no tenga las capacidades para convocar el debate y la votación de investidura.
Aunque en el documento se ponga de relieve que los medios de comunicación públicos han de ser independientes, el Consejo de Ministros ha decidido que se asegurarán de que tanto TV3 como Catalunya Radio den información «objetiva» mediante un control.
En definitiva, el Gobierno se ha comprometido a asumir las competencias «necesarias» en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria que garanticen la prestación de los servicios públicos generales en Cataluña, «en beneficio del interés general, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera». En este sentido, el Gobierno de la nación asumirá la totalidad de los ingresos y los gastos de la Generalitat para garantizar que «la totalidad de los fondos» no se destinen a actividades vinculadas con el proceso secesionista.
A pesar de la aplicación del artículo 155, Mariano Rajoy ha garantizado que no era su «deseo» ni su «intención» llegar a este punto. Sin embargo, «ningún Gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás», ha alertado.
El presidente del Gobierno también aseguró que las medidas tomadas han sido acordadas con el PSOE y Ciudadanos. Por este motivo, agradeció el apoyo de ambas formaciones «que no interpreto solo como un apoyo al Gobierno sino como un apoyo a la ley, a la Constitución y a unos valores». Además, Mariano Rajoy ha abogado por trabajar «con normalidad» y recuperar así la «concordia» y la «buena convivencia» entre todos los catalanes a los que les ha prometido «que todo se arreglará».
Andrea Morea