Puigdemont no ha aceptado su cese, aunque con la claridad que le caracteriza, se ha negado a decirlo. Cabe entender su prudencia: ha dejado de ser aforado y ya solo es la fiscalía la que administra el tiempo del reloj jurídico, mientras el gobierno atiende a cuestiones administrativas.
«La República» soñaba con aprobar decretos que articularan su poder sobre el territorio. Sin embargo, el último Govern no dejó nada aprobado, en lo que parece una aceptación de que la función pública aceptara la realidad jurídica que, en este caso, es también la realidad política.
Los primeros funcionarios afectados, la dirección política y operativa de los Mossos han aceptado los ceses. El Gobierno estatal queda a la espera de la lealtad de los sustitutos: prefiere que la propia función pública catalana asuma la gestión en un modelo de 155, que más que blando se desea corto.
La falsa imagen de los dos poderes
La épica del falsete republicano ha hecho mención estos días a la situación en Petrogrado, en las vísperas de la revolución, en la que convivieron el poder de Kerensky y los Soviets.
En el imaginario construido en la Ciutadella el viernes pasado, los alcaldes deberán encargarse de construir la realidad republicana.
Unos alcaldes que no son todos los de Cataluña y no superan la mitad de la población. La verdad estadística, una de las debilidades del discurso independentista en todo el 'procés', se le vuelve a escapar a Puigdemont.
Por otra parte, los Ayuntamientos son mucho más vulnerables que la Generalitat al incumplimiento de la Ley y su función pública relevante – secretarios e interventores- están sujetos a control debido al carácter de habilitación nacional
La otra cara de la resistencia es la movilización callejera. ANC, Omnium y los estudiantes han dejado el fin de semana a los unionistas y no han convocado, de momento, más movilizaciones. Un sindicato independentista, eso si, ha convocado una huelga general desde el 30 de Octubre hasta el 9 de Noviembre que, probablemente, será seguida en la enseñanza.
La estructura alternativa de gobierno a la que representa Rajoy y administra Soraya Sainz de Santamaria no parece existir. No hay poder paralelo que administre nada, a pesar de que innumerables cargos electos se apresuren a ejercer un poder republicano que no existe.
El Govern se desvanece
En la noche del viernes el Govern debía tomar decisiones para desarrollar los acuerdos del Parlament. Nada más lejos de la realidad: sol se decidió que Turull asumía la cartera del Conseller de Empresa, Santi Vila, que el jueves abandonó el barco independentista y otros cinco altos cargos que abandonaron “por razones personales” media hora antes de que un centenar de cargos, que ya habían vaciados sus despachos, fueran cesados por Madrid
El dilema electoral
La “ausencia de garantías” que llevó a Puigdemont a no convocar elecciones ahora se vuelve contra el expresident. Él deseaba impunidad y la no intervención judicial. Sin aceptar el envite, Rajoy ha convocado elecciones para las mismas fechas, sin que el soberanismo tenga para organizar elecciones constituyentes los recursos que tuvo para organizar el referéndum.
La rapidez con la que Rajoy ha convocado elecciones tiene el riesgo de la inestabilidad, pero una ventaja: desplaza el debate sobre la participación a las fuerzas independentistas.
La CUP ya ha declarado que se sitúa fuera del sistema y que desea “construir” república y el líder de Podem también ha afirmado, en contra de sus líderes en Madrid, que no participará. Sin embargo, desde los Comunes, ERC y PDeCAT solo hay silencio.
La improvisación en el campo del soberanismo, la evasión de la realidad, jurídica y muy especialmente económica, ha sido la tónica dominante. Era la parte menos visible del juicio de astucias al que han querido someter a los poderes del estado.
Ahora, las formaciones de Junqueras y de Puigdemont, especialmente la primera, deben reflexionar sobre las elecciones y, más allá, si mantienen su acuerdo electoral. Las desconfianzas construidas entre ambas formaciones estos días son muy altas, pero una presentación por separado dificultaría la prima que el sistema electoral concede a la suma de votos. Por otro lado, todo indica una desaparición del PDeCAt en momentos tan radicalizados.
Domingo Labrador