viernes, septiembre 27, 2024
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La jueza ordena detener a Puigdemont y a los exconsejeros fugados

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La jueza Lamela emite las órdenes para la detención europea, busca y captura nacional e internacional e ingreso en prisión para Puigdemont y los cuatro 'consellers'. Por cinco delitos: rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia a la autoridad. La decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de dictar órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que no han acudido a su citación abre un procedimiento que puede durar más de dos meses hasta su entrega a España. La Fiscalía federal ha recibido hoy las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que están en Bruselas y tiene previsto estudiarlas, confirmo el portavoz de la Fiscalía Eric Van Der Sijpt.

La juez Lamela ha emitido sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) y de busca y captura nacional e internacional contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). Las ha dirigido expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica (la Fiscalía Federal) y también a la Policía, la Guardia Civil e Interpol.

Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica en España desde 2004, después de que se traspusiera a nuestro ordenamiento una directiva europea de 2002. La orden de la jueza se tramitará para que la Policía belga proceda a la detención de Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, a no ser que ellos se entreguen antes.

Según el ordenamiento jurídico belga, los exaltos cargos catalanes serían puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden. Si los reclamados aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero, de lo contrario (hipótesis que ha apuntado el representante legal del expresidente catalán), la decisión corresponde a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispone de un plazo de quince días.

Su decisión es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver. Pero, además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria.

La Ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.

En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de sesenta días a partir de la detención. El procedimiento de la OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.

La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está acusado de malversación y prevaricación (además de desobediencia).

En caso contrario, los delitos que se achacan al expresidente catalán deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la OEDE, con lo que la justicia belga podría tener que pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

Candidato para el 21D

Antes de que de la jueza dictara la orden de detención, en una entrevista grabada en la televisión pública francófona RTBF y que será emitida en el informativo de la noche, Puigdemont señalaba que está en Bélgica para preparar su defensa. El 'expresident' catalán ha asegurado asimismo que el motivo de su desplazamiento a Bélgica es evitar una ola de violencia. Además, el líder del PdCAT se ha hecho eco este viernes en Twitter de la denuncia del abogado del exvicepresidente, Oriol Junqueras, y los exconsellers Dolors Bassa y Carles Mundó de que sus representados habrían sufrido malos tratos en el traslado a prisión.

En un mensaje en su cuenta personal, el expresident ha asegurado, en inglés, que «miembros del Gobierno catalán detenidos por las autoridades legales de España denuncian malos tratos mientras eran llevados a la cárcel». Puigdemont ha sumado a su tuit una noticia sobre las declaraciones del abogado de estos tres exmiembros del Govern, Andreu Van den Eynde, que ha denunciado que en el traslado a la cárcel de Estremera (Madrid) hubo «determinadas conductas no muy regulares de trato y maltrato a detenidos y presos». El expresidente catalán, que continúa en Bruselas (Bélgica) será entrevistado hoy a las 20.00 en la televisión belga RTBF.

Por últimos, el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha afirmado que no «ha huido» de la justicia y que se encuentra en Bélgica para preparar su defensa. «No he huido, pero es imposible prepararse bien» (para la defensa), ha manifestado Puigdemont en una entrevista que ha sido grabada en la televisión pública francófona RTBF. Según el avance difundido por dicha cadena de televisión, Puigdemont afirma que desea comparecer ante los jueces, pero «ante la verdadera justicia (de Bélgica), no ante la justicia española».

EFE

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