El expresidente de la 'Generalitat', Carles Puigdemont, y sus 'exconsellers' comparecerán por primera vez ante el juez que decidirá sobre su extradición a España el próximo viernes 17 de noviembre, después de conocerse también este lunes que los imputados, están en libertad con medidas cautelares.
Puigdemont y los ex consejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), quienes se personaron ayer en sede policial en Bruselas a las 09.17 hora local (08.17 GMT) del domingo no podrán salir del territorio belga sin acuerdo del juez de instrucción, deberán residir en una dirección fija y presentarse personalmente cuando sean convocados por las autoridades judiciales o policiales.
Tanto el expresidente como los exconsejeros declararon desde las 16.00 hora local (15.00 GMT) hasta las 20.00 (19.00 GM), por separado, y han abandonado la Fiscalía de Bruselas todos juntos en un minibús catorce horas después de su llegada.
Alrededor de medio centenar de periodistas esperaban en la puerta de la Fiscalía de Bruselas la salida de la delegación catalana, pero no han hecho declaraciones al ser escoltados en un minibús por la propia Policía de camino al lugar comunicado como residencia y que se desconoce.
El ex presidente catalán y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bruselas se entregaron este domingo a la Justicia belga en calidad de detenidos y rechazaron su traslado ante las autoridades españolas, que los reclaman por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.
La entrega fue «convenida» con los magistrados de los cinco políticos catalanes, que respetaron el compromiso y se entregaron a las autoridades belgas en presencia de sus abogados, precisó la Fiscalía.
El hecho se produjo en una comisaría de Policía del centro de Bruselas, evitando la presencia de medios de comunicación en el momento en el que pasaban a estar formalmente bajo arresto.
Poco después fueron trasladados a la sede de la Fiscalía de Bruselas, donde permanecen en «privación de libertad», es decir «sin libertad de movimientos» y obligados a permanecer en el edifico, si bien no están en un calabozo, precisó el portavoz del Ministerio Público.
El medio centenar de profesionales de los medios de comunicación que aguardaban a Puigdemont y sus exconsejeros autonómicos en el inmueble no los vieron entrar, ya que lo hicieron en coche y a través de la puerta con acceso subterráneo al edificio.
En cada una de las vistas audiencias estuvieron presentes los afectados, sus abogados, el juez de instrucción y un intérprete, pues han elegido que la comparecencia sea en neerlandés, informó un portavoz de la fiscalía.
El que fuera 130 presidente de la Generalitat de Cataluña está representado legalmente en Bélgica por el letrado flamenco experto en extradiciones Paul Bekaert.
El proceso judicial continuará en la Cámara del Consejo de Bruselas, tribunal de instrucción y primera instancia judicial, que dispondrá de un plazo de 15 días para pronunciarse sobre el recurso de los interesados.
La tramitación en Bélgica de las euroórdenes debería, teóricamente, prolongarse un máximo de 60 días, y 30 más en circunstancias excepcionales, recordó el portavoz del Ministerio Público.
No obstante, el portavoz había matizado con anterioridad a la decisión del juez que, en caso de que no se ordenara su ingreso en prisión, el plazo podría incluso alargarse más de los citados 90 días.
En ese caso, Puigdemont no sería entregado a España antes del 21 de diciembre, cuando hay convocadas unas elecciones autonómicas en Cataluña a las que pretende concurrir y para las que su partido, el PDeCAT, le ha propuesto como cabeza de lista.
El expresidente se manifestó públicamente por última vez anoche, a través de la red social Twitter y en neerlandés, con un mensaje en el que se decía «plenamente» dispuesto a colaborar con la Justicia belga.
El entorno del político independentista en Bruselas precisó hoy a los medios de comunicación que su interpretación de la situación jurídica de Puigdemont es que no está detenido, sino «a disposición» de las autoridades belgas, actitud que «se enmarca en su voluntad de no sustraerse a la acción de la Justicia, sino simplemente defenderse en un procedimiento justo e imparcial».
EFE