Todos los grupos del Congreso han apoyado exigir al Gobierno que, en el caso de que se vaya a producir la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, apruebe mediante un decreto una subida de al menos 200 millones en 2018 para cumplir las medidas contempladas en el pacto de violencia de género.
Lo han hecho al respaldar una proposición no de ley del PSOE en la que insta al Ejecutivo a habilitar un crédito extraordinario de 200 millones para dar cumplimiento al compromiso presupuestario del pacto, que ascendía a 1.000 millones en los próximos cinco años.
«Con 44 asesinatos de mujeres, de 8 niños y niñas y con 22 menores huérfanos por culpa del machismo criminal, esperamos que nadie dude de que esos 200 millones son urgentes. No se puede congelar la financiación que garantiza la efectividad de las medidas del pacto», ha subrayado la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, en la defensa de su propuesta, que se votará el jueves.
En su opinión, «no debe existir ningún obstáculo o circunstancia que impida que el pacto eche a andar», y pedir esta medida por decreto «no es nada excepcional», ya que cada vez que se ha producido prórroga presupuestaria se han aprobado otros sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera.
Álvarez ha aprovechado además su intervención para censurar la polémica campaña del Ministerio de Sanidad para prevenir el consumo de alcohol entre los jóvenes, «con un mensaje que responsabiliza a las mujeres jóvenes de las agresiones que sufren y que se han visto obligados a retirar porque la sociedad española ya no tolera bazofia sexista».
«Irrita bastante que a las puertas del 25 de noviembre la campaña institucional del Gobierno de España contra las agresiones sexuales haya sido puro estereotipo y sexismo», ha criticado.
Desde el PP, y tal y como había avanzado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el pleno del Senado, han apoyado la proposición con carácter «excepcional» por «responsabilidad hacia las mujeres», ha enfatizado la diputada popular Marta González.
La parlamentaria ha afeado al PSOE que haya elegido la vía del decreto que en otras ocasiones «ha tildado de abuso», y ha considerado que lo ha hecho así porque «se ha dado cuenta de que todo se viene abajo si los Presupuestos Generales del Estado no se aprueban.
Patricia Reyes, de Ciudadanos, ha calificado de «vergüenza» la iniciativa porque se basa en «un futurible» y, al ser una proposición no de ley, «no obliga al Gobierno a nada».
Mientras, la diputada de Podemos Ángela Rodríguez ha presentado una enmienda que ha sido aceptada por la socialista para que el proyecto de los siguientes PGE incluyan la dotación económica comprometida por el Ejecutivo, a quien ha acusado de «romper el acuerdo con las mujeres porque no son capaces de gobernar para ellas».
Teresa Jordà, de ERC, también ha lamentado la polémica campaña de Sanidad sobre el consumo de alcohol en menores que lo asociaba con las agresiones sexuales en chicas para exigir «llamar a las cosas por su nombre porque no son relaciones sexuales no consentidas, son violaciones», y esta sustancia ni ninguna otra «nunca jamás pueden ser una excusa».
Por su parte, Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, ha resaltado que «la lucha contra la violencia de género nunca es un gasto, es una inversión» porque es una forma de «prevención».
En el grupo mixto, el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha señalado que «sería una irresponsabilidad descomunal» no dotar el pacto con el dinero comprometido y Marta Sorlì, de Compromís, ha recalcado que se necesitan ya las medidas del acuerdo y no tanto «los minutos del silencio y los lazos morados». EFE
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