El 9 de diciembre del 2016, María del Carmen Martínez, viuda del que fuera presidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), fue asesinada en el concesionario de coches de la familia. Trifulcas familiares y disputas por las herencias son los protagonistas de un crimen que partió por la mitad una familia. Un año después, el principal sospechoso, yerno de la víctima, continúa en libertad sin pruebas que lo inculpen. A día de hoy, todo apunta a que el caso será archivado por falta de pruebas.
Desde el pasado 20 de marzo, el único sospechoso, Miguel López, yerno de la fallecida, ha acudido continuamente a firmar al palacio de justicia de la ciudad cada lunes, después de que el magistrado José Luis de la Fuente decretase su libertad bajo una fianza de 150.000 euros, tras 39 días en prisión preventiva.
Los investigadores sostienen que fue el propio López quien mató de dos disparos a su suegra, de 72 años, sobre las 18.30 de la tarde del 9 de diciembre de 2016, en el lavadero del concesionario de coches Novocar, propiedad de la familia y del que él era gerente. La hipótesis del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Alicante se sustenta en una veintena de indicios incriminatorios contra el sospechoso, pero no hay pruebas directas de su participación en los hechos.
El sumario del caso se centra principalmente en las contradicciones en las que López habría incurrido respecto a otros testigos -trabajadores del concesionario o una hermana de la difunta- sobre sus movimientos previos al crimen. El móvil del asesinato: el control de las empresas familiares entre las hermanas y el hermano mayor.
Esa control confiere poder decisorio en la sociedad a su poseedor y, tras la muerte del expresidente de la CAM, en 2011, pasó a manos de su viuda, que era depositaria fiduciaria de la misma hasta que la heredara el hijo varón de ambos.
Guerra fratricida
Vicente Jesús Sala y sus hermanas mantienen ahora demandas cruzadas en un Juzgado de Primera Instancia y otro de lo Mercantil por los acuerdos de las juntas de accionistas anteriores al crimen y por el testamento de su padre.
Mientras tanto, en la jurisdicción penal, la causa, que se tramita por el sistema de jurado popular, sigue en fase de instrucción, pendiente de la práctica de las últimas diligencias de prueba solicitadas por fiscalía y defensa.
El abogado de Miguel López, Javier Sánchez-Vera, ya ha anunciado en reiteradas ocasiones que pedirá, en el «momento procesal oportuno», el archivo del caso, ante la falta de pruebas para sentar a su cliente en el banquillo de los acusados. En este sentido, la Policía no ha encontrado el arma homicida, una pistola de principios de siglo XX con munición manipulada artesanalmente, y tampoco ha hallado restos biológicos del sospechoso ni en una de las vainas percutidas ni en el cadáver de la víctima.
Del mismo modo, los registros practicados en su vivienda y el concesionario no han arrojado pruebas que le inculpen, a falta de que expertos policiales en informática puedan acceder a los datos de su móvil y otros dispositivos electrónicos.
Un año después del crimen que trastocó la alta sociedad valenciana continúa sin culpable. A falta de pruebas concluyentes, todo apunta a que el caso, finalmente, se archivará. María del Carmen murió el 9 de diciembre de 2016 y todo a punta a que solo ella y su asesino se llevarán a la tumba el nombre del culpable que le disparó dos veces en la sien.
Andrea Morea