La Fiscalía ha pedido 118 años y 5 meses de prisión para el líder de Ausbanc, Luis Pineda; casi 25 años para el de Manos Limpias, Miguel Bernad, y cerca de 12 para la abogada que acusó a la infanta en Nóos, Virginia López Negrete, por integrar una trama de extorsiones a cambio de retirar acusaciones y presionar a bancos.
Reclama además la disolución de todas las sociedades del grupo Ausbanc, así como del «Sindicato Colectivo de funcionarios Manos Limpias» y la «Asociación Cívica Española Manos Limpias».
En su escrito de acusación, el fiscal del caso, José Perals, solicita penas de cárcel para los once acusados en esta causa por delitos de estafa, blanqueo, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.
Si bien en un principio la Fiscalía remitió un escrito en el que solicitaba penas superiores (119 años a Pineda), poco después advirtió de que se trataba de un borrador y remitió el escrito definitivo en el que se rebaja ligeramente la petición, que pasa de los 12 meses por el delito de extorsión en grado de tentativa a los 11 meses.
De este modo, a Pineda le reclama finalmente 118 años y 5 meses, a Bernard 24 años y diez meses y a López Negrete 11 años y 11 meses.
A Pineda le pide además 300.000 euros por un delito contra la Hacienda Pública y una multa de 10 millones de euros solo por el delito de blanqueo (cantidad que reclama a otros cuatro acusados), entre ellos su mujer, María Teresa Cuadrado, para la que además solicita 21 años y 11 meses de cárcel.
En este caso se investigan varias extorsiones de Ausbanc y Manos Limpias, entre ellas el intento de Pineda y Bernad de negociar la retirada de la acusación de la infanta Cristina en el caso Nóos por parte de Manos Limpias a cambio del pago de tres millones de euros.
Otra forma de extorsión la ejercía Pineda con entidades bancarias a las que presionaba en busca de financiación a cambio de publicidad favorable y de no acceder a las presiones les chantajeaba con publicar informaciones peyorativas.
Pineda, según el fiscal, «planeó un sistema para exigir la entrega de cantidades dinerarias importantes bajo las advertencias, explícitas en ocasiones, veladas en otras, de arremeter contra dicho activo reputacional por medio de la publicación de noticias desfavorables, (…) presionando también en ocasiones con ejercitar acciones judiciales contra dichas entidades».
En el caso de que se presentaran esas demandas, Pineda presionaba a los demandados para llegar a algún tipo de acuerdo económico para conseguir archivar el procedimiento judicial, aunque tal decisión conllevara un perjuicio para los asociados.
Para reforzar la presión contra las entidades y lograr los acuerdos económicos pretendidos, a partir de finales de 2012 empleó a Manos Limpias, a la que además financiaba, para ejercer la acusación popular contra determinadas personas, contando con el apoyo de Bernard.
Empleados de Ausbanc también participaron en estas ilícitas actividades y para ellos la Fiscalía pide también elevadas penas: la directora de los servicios jurídicos, María Manuela Mateo (66 años y 10 meses de cárcel), la encargada del departamento de publicidad de esta entidad, María Isabel Medrano (60 años), el director de comunicación Hermenegildo García (18 años y 11 meses) y la responsable de eventos Rosa Isabel Aparicio (51 años y 10 meses).
Además, reclama 37 años y 5 meses de cárcel al extesorero de Ausbanc Alfonso Gil Solé, y 32 años y 5 meses para el director adjunto, Ángel Garay.
Como participante en estas actividades de Ausbanc a través de las que también obtenían beneficios, el fiscal sitúa a la letrada de Manos Limpias que ejerció la acusación en el juicio Nóos, Virginia López Negrete.
Las entidades afectadas por las tácticas de Ausbanc fueron Crédit Services, Caja Madrid-Bankia, Sabadell, Volkswagen, Caixabank, el Banco Santander o el BBVA.
De esta última entidad el fiscal recuerda que a partir de 2013 «las noticias negativas» contra este banco se relacionaban con la investigación del caso Nóos en cuyo procedimiento estaba personada Manos Limpias, representada por López Negrete, «quien facilitaba las actuaciones procesales» a Pineda y con el que colaboró para involucrar al BBVA en el procedimiento contra la infanta e Iñaki Urdangarin.
Otra de las actuaciones investigadas se refiere a la retirada de la acusación de Manos Limpias contra el presidente de Unicaja en el caso de los ERE de Andalucía, que se juzga ahora, a cambio de una «elevada cantidad de dinero» que «rondaba la cifra» de un millón de euros.
EFE