El pasado 2 de noviembre, Imanol asesinó a su expareja, Jessica Bravo, frente a la puerta del colegio al que iba el hijo de ambos. El pequeño de seis años vio cómo su padre disparaba en la cabeza a su madre sin poder hacer nada. Más tarde, su padre huiría en un vehículo en el que se suicidaría tras estrellarse contra un muro. El pequeño se quedó huérfano en menos de un cuarto de hora. Sin embargo, Maia fue menos afortunada. La pequeña tenía dos años cuando su padre, Laurenti Mihai, le quitaba la vida el pasado 12 de noviembre. La madre de la pequeña, Victorina, una joven de 24 años, había salido de casa rumbo a la comisaría a denunciarlo por amenazas cuando recibió una llamada de su marido: «He matado a nuestra hija». Maia ha sido una de las últimas en llenar la lista de los menores de edad que han perdido la vida por delitos de violencia. En total, al menos 100 niños han muerto por estas razones en España en los últimos siete años, según informa 'Save the Children'.
La ONG ha presentado este martes la campaña #LosUltimos100 en Madrid para exigir que éstos sean los últimos en morir violentamente en España. La organización insiste en que el Gobierno debería aprobar este año una ley integral para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, a pesar de que la misma no fuera anunciada en diciembre entre los compromisos legislativos del Gobierno.
La aprobación de dicha norma, recuerda 'Save The Children', formó parte del acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos y constituye un mandato al Gobierno aprobado por el pleno del Congreso, y por unanimidad, el pasado mes de septiembre. Entonces, el Congreso dio 12 meses al Gobierno para plantear la nueva norma, que según la ONG el Gobierno descarta porque según alegan «no hay tiempo para tramitarla, al ser una ley compleja». Sin embargo, desde la la organizción explican que el gran consenso social y político en esta materia acortaría los plazos considerablemente. En este sentido, Ana Sastre, directora de políticas de la ONG, ha asegurado que en países como Canadá, la introducción de medidas preventivas redujo al 50% los delitos contra los menores.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, acordado en 2017 y cuyas primeras medidas entrarán en vigor este año, establece la restricción del régimen de visitas cuando el menor «hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia» , así como cuando un padre haya sido «condenado» y esté en prisión. Sin embargo, la ONG da un paso más y pide que la próxima ley de protección a la infancia incluya una separación «provisional» desde el mismo momento en que un padre es denunciado por violencia de género como «medida de protección», explicó Ana Sastre.
Asimismo, añadió que después de impulsar esta ley los esfuerzos deben ir dirigidos a diseñar «una estrategia» que desarrolle la aplicación de la norma, que también debería incluir, a su juicio, la ampliación del período para denunciar abusos sexuales durante la infancia, con una cota mínima para que los delitos no prescriban a partir de que la víctima cumpla 30 años y no 18, como hasta ahora.
Sólo el 15% de los casos se denuncian
«Sólo un 15% de los casos de violencia sexual contra niños se denuncia, uno de cada dos abusos sexuales en España son contra menores, uno de cada diez estudiantes afirma ser víctima de acoso escolar y seis de cada diez reconoce haber recibido insultos o golpes», denuncia el manifiesto que está siendo apoyado en redes sociales por personajes famosos de distintos ámbitos.
Durante la presentación de la iniciativa, Ana Sastre, directora de sensibilización, ha destacado que en estas situaciones «se impone el silencio, el miedo y la amenaza y hace que los niños no sepan a dónde ir para buscar esa ayuda». «Queremos visibilizar una realidad que es invisible, porque no interesa a los políticos, porque ocurre dentro de los hogares o los centros escolares y ahí se queda; son pocos los casos que se denuncian y no existen las medidas suficientes para hacerlo visible», ha añadido la directora de comunicación, Laura Pérez.
La campaña, que muestra «esos al menos 100 niños de los que se ha conocido que han muerto por violencia» desde 2012, pretende generar un movimiento social para exigir que se cumpla con el acuerdo alcanzado en el Parlamento por consenso de todos los grupos políticos de pedir al Gobierno inicie la tramitación el próximo mes de septiembre de una ley de erradicación de violencia contra la infancia.
Andrea Morea