Según ha informado hoy la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público analizará la «trascendencia» de las declaraciones que han apuntado a Camps, como la de ayer del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, pero no será hasta que acaben de declarar todos los testigos en el juicio a la rama valenciana de Gürtel cuando valorará si procede abrirle una investigación por estos hechos.
Camps, el exvicepresidente de las Cortes valencianas y exdirector de la Policía, Juan Cotino, y el extesorero del PP Luis Bárcenas, a los que ayer también aludió Costa en su declaración, son tres de los 145 testigos más relevantes llamados a declarar en este juicio.
Los testigos, al contrario que los acusados, están obligados a decir verdad, motivo por el que la Fiscalía quiere esperar a ver qué versión ofrecen en sus declaraciones y por ello la Fiscalía anuncia que tomará una decisión sobre Camps «cuando concluya la práctica de la prueba y pueda ser esta valorada en su conjunto», según las fuentes.
Los delitos electorales que podrían imputarse al expresidente valenciano por las campañas de las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 estarían prescritos al haber transcurrido ya diez años sin haber sido investigado por estos hechos.
No ocurriría lo mismo si el delito que se le imputara fuera el de cohecho, por la recepción del dinero de empresarios, o contra la Hacienda Pública por no haber declarado esas cantidades al fisco.
Camps tiene abierta ya una causa en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que precisamente ayer rechazó el recurso que el expresidente interpuso contra su citación a declarar como investigado en la causa sobre supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Valencia.
Las acusaciones contra Camps como el artífice del sistema de financiación en negro del PP valenciano comenzaron cuando el líder de la trama Gürtel Francisco Correa señaló directamente a Ricardo Costa como la persona que les dijo que si querían cobrar por servicios en actos de campaña tendrían que facturarlo a empresarios.
Esta confesión causó un terremoto en el banquillo de los acusados y provocó que el juicio quedara interrumpido 48 horas para permitir a las defensas de dos de los principales encausados, Pablo Crespo yeel Bigotes, negociar un acuerdo con la Fiscalía.
Finalmente ninguno de los dos llegó a un pacto con Anticorrupción, pero en busca de atenuantes anunciaron su intención de colaborar para esclarecer los hechos y con ese objeto accedieron a responder a las preguntas de todas las partes y tanto Crespo como El Bigotes apuntaron ya directamente a Camps.
Ayer fue el turno de Costa y de forma contundente afirmó que era cierto que el PP valenciano se financiaba en negro «por orden de Camps».