La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dejado en libertad al exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, quien ha reconocido que mantuvo reuniones con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras sobre el 1 de octubre, lo que ha motivado que la Fiscalía pidiera una fianza de 50.000 euros.
Trapero ha declarado hoy por tercera vez ante Lamela, en este caso por su actuación durante la jornada del referéndum, por lo que la magistrada le acusa de un segundo delito de sedición, y hoy ha reconocido por primera vez en sede judicial haber mantenido reuniones por el 1-O con Puigdemont, Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn.
El fiscal Pedro Rubira ha pedido a la juez que se le impusiera una fianza de 50.000 euros en vista de que «anteriormente ocultó» esas reuniones y ha argumentado la petición en «la agravación» de su situación procesal tras serle imputado un segundo delito de sedición con relación al 1-O.
Así lo ha indicado la Fiscalía de la Audiencia Nacional en una nota de prensa, en la que detalla que uno de los motivos de la petición es que en esta tercera declaración ante Lamela «se han conocido detalles importantes» que no había expuesto en su anterior declaración del 16 de octubre, fundamentalmente dos reuniones con miembros del Govern cesado y otros «mandos policiales».
Fuentes de la defensa del mayor, que ejerce la abogada Olga Tubau, han afirmado que no es cierto que no hubiera informado de esas reuniones, puesto que el 18 de diciembre presentó un escrito en el que se relataban esos dos encuentros mantenidos los días 26 y 28 de septiembre en el Palau de la Generalitat.
Según esta versión, fue la cúpula de los Mossos la que pidió las reuniones dada su preocupación por la seguridad ciudadana el día del referéndum y ante su malestar por las afirmaciones de miembros del Govern asegurando que los Mossos iban a «facilitar y promover» su celebración.
La defensa de Trapero pidió en ese escrito a la juez que llamara a declarar a Puigdemont, Junqueras, Forn y otros mandos de los Mossos: Ferran López, actual jefe de la Policía autonómica y que hoy también ha declarado como testigo, y los comisarios Joan Carles Molinero, Emilio Quevedo y Manel Castellví.
La Fiscalía se opuso a esas declaraciones y la magistrada tampoco las aceptó porque, según fuentes de la Audiencia Nacional, a los exmiembros del Govern ya se les investigaba en el Tribunal Supremo y por eso no podía citarles ella como testigos en su causa.
Fuentes fiscales han confirmado que Trapero ha reconocido hoy por primera vez en una declaración judicial esas reuniones, y ha insistido en que pidió que se convocaran porque temían que el referéndum iba a ser un «problema de orden público».
Las mismas fuentes han dicho que Trapero, en su declaración hoy, no ha podido acreditar que el cierre de los colegios fuera efectivo ni que sus agentes recogiesen listas de votantes de mesas electorales, ni requisaran ningún efecto con interés para la investigación, tal y como se les había ordenado.
En esas reuniones, según ha explicado la defensa de Trapero, la cúpula de los Mossos quiso dejar claro que ellos se mantenían al margen del procés y que cumplirían con los mandatos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativos a impedir la votación.
La juez ha rechazado la petición de fianza de la Fiscalía al entender que siempre ha cumplido su obligación con la justicia y que ya no tiene posibilidad de destruir u ocultar pruebas.
En un auto, considera que el ministerio público «únicamente hace referencia como fundamento de su petición a la imputación de un segundo delito de sedición, lo cual agrava su situación procesal, y a la posibilidad de que Trapero pueda ocultar o destruir nuevas pruebas».
Argumentos que la juez no estima «suficientes» al tener en cuenta que el mayor «viene cumpliendo escrupulosamente» las medidas cautelares que le impuso el pasado 16 de octubre: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono.
EFE