lunes, noviembre 25, 2024
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El juez Llarena procesa a los inculpados e impone una fianza de 2,1 millones de euros

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Estos cinco citados en persona para las 10:30 horas de este viernes han llegado progresivamente: primero han hecho su aparición Forcadell, Romeva y Bassa, unos quince minutos antes de las 10:00 horas.

El Supremo estudiará este viernes el posible ingreso en prisión preventiva de Jordi Turull, candidato a la presidencia de la Generalitat, y los otros citados, en una serie de vistillas en las que las acusaciones, fiscal y Vox, pedirán prisión (muy posiblemente así será en el caso del candidato) o libertad bajo fianza.

El juez del caso, Pablo Llarena, comunicará  además a los abogados de los inculpados en este caso los autos de procesamiento, que afectarán a la gran mayoría de los 28 imputados, aunque es probable que algunos queden fuera del proceso.

A las puertas del Tribunal Supremo se ha concentrado gran cantidad de cámaras de medios de comunicación, mientras que la jornada de hoy va a ser seguida por decenas de periodistas desde dentro de las sedes del alto tribunal.

También esperaba a los imputados un grupo de personas portando carteles en amarillo que piden en inglés la libertad de ex vicepresident Oriol Junqueras (ERC).

Al tiempo se han escuchado gritos de «no estáis solos» en catalán.

Al Supremo han acudido varios parlamentarios de ERC como Esther Capella, Joan Tardá o el portavoz de PDCat, Eduard Pujol. También les ha acompañado el que fuera portavoz de la Generalitat Fransesc Homs, entre otros. 

El juez del Supremo Pablo Llarena ya ha apuntado que ve en el proceso independentista un «ataque al Estado Constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno».

En el auto de procesamiento de 25 personas, 13 de ellas por rebelión, el magistrado otorga una especial gravedad a lo ocurrido en Cataluña teniendo en cuenta que el Govern de Carles Puigdemont se aprovechó de «las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos» de esa comunidad.

«Un ataque -sospecha el juez- que puede estar en desarrollo, por más que se encuentre puntualmente larvado y que pueda pretender servirse de un relevo en sus protagonistas».

Y ello porque, según el magistrado, así lo expone que el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, que contemplaba que en el caso de que la independencia no fuese consentida por el Estado, «la secesión se alcanzaría reanudando la desobediencia permanente al marco constitucional y legal»

 

Redacción

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