La sentencia del alto tribunal confirma otra anterior de la Audiencia Nacional, que condenó a los etarras Liher Aretxabaleta y Alaitz Aramendi Juanarena a 535 años para cada uno.
En la sentencia ahora confirmada la Audiencia consideró probado que, en la noche del 24 al 25 de mayo de 2005, ambos acusados se desplazaron a la localidad madrileña de El Escorial para robar un vehículo con el fin de colocarle un explosivo y cometer un atentado en Madrid.
Allí, tras forzar sin éxito un Renault 5, sustrajeron una furgoneta Renault Express y se dirigieron al municipio cercano de Valdemorillo, donde prepararon un artefacto de entre 18 y 20 kilos de mezcla explosiva y lo depositaron en el maletero del vehículo.
Posteriormente, dejaron el vehículo aparcado a la altura del número 4 de la calle Rufino González, esquina con la calle Alcalá, en el distrito de San Blas, «con el fin de causar el mayor daño material posible y ocasionar la muerte o lesiones a las personas cercanas al lugar».
A las 8.45 horas del 25 de mayo, un hombre llamó al diario «Gara» en San Sebastián y tras decir que hablaba en nombre de ETA, alertó de que a las 9.30 iba a estallar una furgoneta Renault Express en ese lugar, sin aportar ningún dato más.
A la hora prevista la furgoneta hizo explosión, provocando lesiones, fundamentalmente traumas acústicos, a los policías y viandantes que se encontraban en las inmediaciones, además de causar numerosos desperfectos en vehículos y edificios colindantes, por lo que también han sido condenados a indemnizar a sus víctimas por un total de casi medio millón de euros.
Las indemnizaciones a los policías van de 60 a 2.000 euros y para los demás heridos oscilan entre 600 y 45.300, mientras que por los daños las cantidades abarcan de los 27,40 euros a los 10.936 euros.
Además deberán también indemnizar al Ayuntamiento de Madrid con 407.578 por los daños en el pavimento, en el arbolado y los desperfectos en diferentes inmuebles.
El Supremo rechaza en todos sus extremos los recursos de las defensas de los encausados y confirma la pena impuesta por la Audiencia.
EFE