Esta vez no es doña Letizia la protagonista de la nueva polémica relacionada con la Casa Real sino el mismísimo Felipe VI, al que parece que no le debe gustar nada que le involucren con Carmen Martínez Bordiú por culpa además de una decisión que tomó en su día su padre.
Y todo porque en España, a diferencia de países como Alemania o Italia, donde no existen una Fundación Adolf Hitler o un marquesado de Mussolini, respectivamente, sí hay una Fundación que lleva el nombre de Franco, por la que el ahora emérito Juan Carlos I creó el ducado de Franco, un título con grandeza de España que justificó calificando la dictadura como «una gloriosa etapa histórica de nuestra Patria».
La polémica se ha suscitado ahora porque el título pasa a la nieta del dictador, después de falleciera la hija, Carmen Franco Polo, y ya algunas formaciones políticas, como Izquierda Unida y PSOE han mostrado su desacuerdo, aunque parece que poco podrán lograr de no mediar precisamente Felipe VI, corrigiendo la decisión tomada por su padre.
De momento lo único que ha hecho la semana pasada Felipe VI, acompañado de doña Letizia, fue bendecir con su presencia la publicación de la nueva edición del Diccionario Biográfico Electrónico, en la que la Real Academia de la Historia otorga a Francisco Franco el calificativo de dictador, un título que va en dirección contraria del que ostenta su nieta y que da categoría de nobleza a quien el propio Estado, en presencia del Rey, llama dictador.
Tanto el PSOE como Izquierda Unida han tratado de erradicar semejante paradoja, pero mientras no haya nadie con derecho al título que se oponga a que la nieta de Franco lo reciba, se seguirá adelante con la sucesión. La Diputación de la Grandeza, un órgano informante que depende del Ministerio de Justicia, ha informado ya a ambos partidos que en el caso de que haya más de un solicitante que pida suprimir cualquier título nobiliario se emitirá un informe, pero también que no hay una ley que ordene la anulación de este título y así lo recoge Monarquía Confidencial.
IU remitió escritos tanto al Rey como al Ministerio de Justicia alegando que este título «contraviene la Ley de Memoria Histórica de 2007», mientras que el PSOE ha pedido al rey eliminar el ducado de Franco. Pero la Diputación de la Grandeza estima que hay un procedimiento administrativo que se tiene que cumplir y que no existe ninguna ley que ordene la anulación del ducado de Franco. Supondría saltarse la ley, es decir, supondría «prevaricación», según fuentes citadas por Monarquía Confidencial. Los títulos, una vez creados y otorgados, se rigen por las leyes ordinarias del ordenamiento jurídico de España.
Eso sí, hay que recordar que el rey Felipe VI retiró a su propia hermana el ducado de Palma cuando se vio salpicada por el Caso Nóos, y tanto la infanta Cristina como su marido dejaron de ser los duques de Palma por voluntad expresa del Monarca, y tanto IU como el PSOE justificaban su petición con el caso de la infanta Cristina. La diferencia, según los expertos, es que el ducado de Franco no pertenece a la Casa Real, como el ducado de Palma de Mallorca. Los títulos de la Familia Real se rigen por Real Decreto y el resto de títulos, como es el caso del ducado de Franco, lo hace por una ley de mayo de 1948, es decir, promulgada en el periodo de posguerra.
Juan Carlos I concedió un total de 51 títulos nobiliarios, entre los que estaban los de la viuda y la hija de Francisco Franco y los de destacados personajes de la transición, entre ellos dos ex-presidentes del Gobierno, la cultura, la ciencia o las artes. Ni él ni ahora su hijo se han atrevido a tocar los privilegios nobiliarios de Carmen Franco, otorgados apenas una semana después de que falleciera Franco.
Al mismo tiempo, Juan Carlos otorgó a la viuda de Franco, Carmen Polo, el título de Señora de Meirás, y así explicó el porqué de la concesión: «Queriendo dar una muestra de mi Real aprecio y testimoniar los sentimientos de afecto y admiración a la egregia figura de doña Carmen Polo de Franco, de singular relieve en una gloriosa etapa histórica de nuestra Patria», tal y como consta en el Decreto-Ley 18/1975, de 26 de noviembre, o sea, seis días después de fallecer el general.
Es potestad del Rey mantener o retirar los títulos otorgados a la familia de Franco. Mantenerlo podría interpretarse como refrendar el franquismo y sin embargo retirarlo sería un claro mensaje de tu talante democrático. Al funeral por Carmen Franco no acudieron los Reyes, ni los eméritos, ni nadie de la familia del Rey si exceptuamos a María Zurita o Jaime de Marichalar.
M. A.