La justicia dio ayer un revés a los mensajes pacificadores de Pedro Sánchez. Agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica) se personaron en la sede de Mediapro en Barcelona. Lo hacían impulsados por la orden del juzgado número 13 de Barcelona que investiga la consulta ilegal del 1-O. El objetivo era hallar pruebas de si el imperio mediático que lidera Jaume Roures creó la nube informática que permitió concentrar los datos del censo de los catalanes y sus votos para efectuar el recuento de aquella consulta prohibida por la justicia.
De confirmarse las sospechas, el juez se hallaría ante dos posibles escenarios: que Mediapro efectivamente participó en dicha consulta, con las consecuencias legales de ser cómplice en dicha irregularidad. Pero si además Mediapro facturó por dichos servicios al Gobierno de Puigdemont se agravaría dicha situación porque podrían derivarse delitos como prevaricación y malversación.
Con el fin de obtener pruebas los agentes también se han desplazado a la consejería de Economía y al CTTTI, organismo que controla todas las inversiones informáticas del Gobierno catalán. Los indicios de malversación y prevaricación, obviamente, podrían acarrear también nuevos cargos contra ex miembros del Gobierno de Puigdemont.
La celebración del 1-O hasta ahora la investigaba la Guardia Civil pero esta parte de la operación annubis ha sido derivada por el juez a la policía.
Carlos Quílez