La policía judicial iba a desahuciarlo y han llamado a su puerta. Él ha pedido unos minutos y, de repente, se han escuchado los gritos de su mujer: el hombre, electricista de 45 años, se ha arrojado desde un décimo piso y se ha matado. Debían 7 meses del alquiler de su vivienda. Habían pedido ayuda en varias ocasiones, entrar en la bolsa de alquiler social, y el ayuntamiento de Cornellà le había pedido al banco que aplazase la ejecución del desahucio, pero la entidad se negó.
La pareja había acudido al consistorio hace tres meses, dos días antes de que fueran a desahuciarlos por primera vez. Se logró el aplazamiento, pero en esta ocasión no ha sido así.
El hombre llevaba años de alquiler en la vivienda. Recientemente el banco se hizo con la propiedad, a la muerte de su dueño, ya que los herederos dejaron de pagar impuestos y comunidad.
Ahora el ayuntamiento estudia emprender acciones legales contra la entidad. La mujer ha sido atendida por el centro de emergencias sociales de Barcelona.
Esta tarde se ha convocado una concentración de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para denunciar que estos casos no son suicidios «sino asesinatos».
Redacción