El Ministerio Público lo acusa de corrupción en los negocios; también a otras 15 personas y las agencias Zenith y Publicis.
La pieza separada en la investigación de Rodrigo Rato, que afecta a los contratos publicitarios firmados desde Bankia durante sus años de presidente al frente de la entidad (2010-2012). En un escrito de la fiscal Elena Lorente, remitido al Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, solicita al juez Antonio Serrano-Artal continuar con el trámite de procedimiento abreviado -paso previo a la apertura de juicio oral-.
Para el Ministerio Público está acreditado que Rodrigo Rato se lucró con los contratos publicitarios adjudicados desde Bankia Zenith y Publicis, agencias de publicidad pertenecientes al grupo empresarial Multi Market Services Spain Holdings. Ambas firmas abonaron dos millones de euros a la sociedad Albisa, propiedad de Alberto Portuondo, testaferro de Rato, a cambio de trato de favor en su adjudicación. De los dos millones, en total Rato cobró 835.024 euros en «comisiones carentes de justificación» a través de una sociedad suya, Kradonara.
Por esta pieza separada de la instrucción que investiga sus negocios y patrimonio, Rato puede enfrentarse hasta a cuatro años de prisión y una multa que triplica la cantidad defraudada.
Por su parte, fuentes cercanas al expresidente de Bankia, exponen que el escrito de la Fiscalía Anticorrupción es prematuro puesto que “todavía quedan pruebas vitales para la instrucción que la propia Audiencia Provincial ordeno al magistrado que se practicaran y no se han hecho”.
Rato considera prioritario que Bankia certifique si los contratos con Zenith Media y Publicis Comunicacion España se realizaron dentro del marco legal y si los concursos fueron sometidos a los procedimientos de control.
Según el entorno de Rato, Bankia ha reconocido que el concurso con Zenith se falló en base a una valoración totalmente legal. Pero la entidad dice que no tiene constancia del contrato con Publicis. Este documento ha sido presentado en papel por Rato, y ha pedido a Bankia que lo busque en sus archivos.
Cree que “los concursos fueron sometidos a procedimientos de control legales lo que evidencia que no hay delito porque no hay perjuicio para la entidad”.
Redacción